Sabado, 04 de Julio de 2020

El titular del Juzgado de lo Social de Huesca ha dejado vista para sentencia la demanda interpuesta por los sindicatos médicos de Aragón contra la DGA (Diputación General de Aragón) por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma al no proporcionar equipos de protección individual (EPI) adecuados para desarrollar su labor.


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Fuentes judiciales han explicado que el representante legal de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet) ha reclamado la estimación de la demanda al entender que los sanitarios fueron sometidos a una situación de “riesgo grave” al inicio de la pandemia de coronavirus al no disponer de estos equipos.

Este juicio, como el celebrado ya en Teruel y el que tendrá lugar el próximo 8 de junio de Zaragoza, se deriva de las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado mes de marzo por Fasamet para reclamar la dotación de estos equipos a los profesionales sanitarios de las tres provincias.

LA NECESIDAD DE MATERIAL

El Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza y, posteriormente, los de Huesca y Teruel estimaron esta iniciativa legal y ordenaron a la administración sanitaria la entrega del material necesario a los sanitarios para llevar a cabo de forma segura su actividad, primero en un plazo de 24 horas y posteriormente, tras las alegaciones presentadas, a medida de que estuvieran disponibles.

En concreto, los sindicatos reclamaban batas resistentes a líquidos o impermeables, mascarillas FFP2 o FFP3, protección ocular antisalpicaduras o pantallas faciales, guantes, gorros, calzas específicas, hidroalcohol biocida y contenedores de residuos de diversos tamaños.

En la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Social de la capital altoaragonesa, el ministerio fiscal se ha sumado a la demanda de los sindicatos sanitarios al entender que se había producido una conculcación de derechos fundamentales de los profesionales y ha pedido su estimación.

Las fuentes citadas han explicado que en el caso de ser estimada la demanda, la sentencia sería “meramente declarativa” de reconocimiento de los derechos de los sanitarios y no supondría una condena a la administración aragonesa por el incumplimiento denunciado.

La progresiva mejora del suministro de equipos de protección a estos profesionales no harían necesaria la adopción de una resolución para instar el cumplimiento de la normativa laboral, han añadido estas fuentes.

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