Cada pueblo tiene su historia. Y Aranda del Moncayo (Zaragoza) supera cualquier relato surrealista en el panorama político municipal.

A día de hoy, en el pueblo zaragozano, el tercer secretario está de baja -asignado al Ayuntamiento-, no hay teniente de alcalde, ni tampoco alguacil a tiempo completo, pues de los dos alguaciles municipales, uno está de baja y el otro cubre solo tareas puntuales al estar prejubilado.

Asimismo, el primer secretario de Aranda se marchó a los ocho meses de que arrancara la legislatura y que la segunda lo hizo dos meses después de tomar posesión, en abril de 2016.

Y todo esto se suma al hecho de que la alcaldesa, Rosario Cabrera (PSOE), es la única que tiene las llaves del Ayuntamiento y que no las facilita a nadie. De esta manera, se impide acceder a la asistenta social, a la jueza y a la secretaria judicial al edificio.

La alcaldesa del municipio, Rosario Cabrera, en el centro / DPZ

Esta situación es sumamente complicada ya que, al no haber secretario, ni siquiera pueden presentar un escrito por registro o que la oposición solicite un pleno extraordinario para denunciar las irregularidades.

Y a todo esto se suma que la alcaldesa se encuentra actualmente inmersa en un proceso judicial que está relacionado con la baja médica del último secretario.

Cabrera está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación en 2016 del aprovechamiento cinegético por caza del monte público La Sierra a la Sociedad de Cazadores San Roque, recuerdan.


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La situación la ha denunciado el PP de Aranda del Moncayo (Zaragoza). Éstos califican la gestión actual como una «nefasta gestión» del Ayuntamiento de la localidad, que lleva un mes paralizado como consecuencia del «despotismo» y los «continuos enfrentamientos» de la representante socialista.

Del mismo modo, el PP ha añadido que consideran muy grave que tampoco su partido, el PSOE, tome medidas cuando es consciente de la situación.

El PP también acusa a la alcaldesa de realizar contrataciones sin dar ninguna explicación, sin consultar si las cuentas del Ayuntamiento permiten dicha actuación y si están incluidos en los presupuestos anuales.

Además, según han asegurado, Cabrera no ha convocado la Comisión de Cuentas ni una vez desde 2015, aunque es obligatorio, y han pasado más de tres meses sin que se haya celebrado ningún pleno.