Otra imputación por un presunto delito penal cae en las filas de Zaragoza en Común. La concejal de Participación Ciudadana del gobierno, Elena Giner, está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de fraude en la contratación de carpas portátiles. La investigación judicial corre a cargo de la Juez de Instrucción número 8 de Zaragoza.
Sin embargo, pese a la acusación por presunta corrupción administrativa, la concejal no dimitirá de su cargo. Una situación procesal que está citada en el código ético de Zaragoza en Común como motivo justificado para la renuncia, o el cese inmediato.
En el documento ético de ZEC se detalla que: «Ante la acusación pública por el ministerio fiscal por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro (…) bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas (…) la persona afectada de la candidatura se compromete a la renuncia, o cese de forma inmediata de todos sus cargos.
Concretamente, se investiga el motivo por el que la concejal de ZEC ha contratado sin concurso público hasta en 80 ocasiones con una única empresa la instalación de carpas por valor de 250.000 euros.
LA DENUNCIA
Las diligencias judiciales se iniciaron tras una denuncia del grupo municipal del Partido Popular ante la Fiscalía. En el día de ayer, se conoció que la Fiscalía coincide con la denuncia de los populares y aprecia indicios de delito penal de la concejal ‘común’.
La denuncia de los populares apuntaba que 64 contrataciones del Ayuntamiento de Zaragoza habrían sido tramitadas como gastos menores -donde no es necesario control por la Intervención municipal si el coste del contrato es menor a 18.000 euros– para otorgar a un mismo empresario por un coste de 174.746 euros.
Tras la investigación inicial, la juez del citado juzgado abrió la investigación por entender que hay indicios de delitos de prevaricación administrativa y fraude. E incluso, mediante las diligencias previas, se amplía el presunto delito de prevaricación administrativa y fraude hasta en 80 contratos con la misma empresa.
La concejal de ZEC, acompañada por sus compañeros Arantza Gracia y Alberto Cubero, precisó que el elevado número de instalaciones -80 contratos sin concurso por 250.000 euros- se debe a un intento del gobierno por «garantizar la celebración de las fiestas en los barrios«.
UN CONSIDERABLE AUMENTO
El Partido Popular analizó, antes de interponer la denuncia, que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se giraron en el año 2012 dos facturas por un coste total de 5.121 euros para la instalación de carpas. Y en 2015, año electoral, se adjudicaron cuatro contratos por menos de 10.000 euros.
Hasta ahí, se mantenía una cifra monetaria en varios contratos habitual según la necesidad municipal. Siempre otorgados mediante un procedimiento de ‘contrato menor’ por ser cuantías de menos de 18.000 euros.
Sin embargo, con la entrada de Zaragoza en Común en el gobierno municipal -año 2015- en el área de Elena Giner, la contratación se disparó hasta los 105.974 euros en 38 contratos menores a la empresa Aragonesa de Carpas S. L. (Aracarpas). Los populares defienden en su denuncia que los contratos se han «fraccionado» irregularmente para eludir la ley saltándose la fiscalización municipal.
La contratación de carpas portátiles tenían como destino los festejos de los barrios rurales de la ciudad de Zaragoza. Principalmente, por la incapacidad de los propios barrios de tramitar la adquisición de éstas. Por ello, le notifican al Ayuntamiento de Zaragoza la necesidad de instalar una carpa para las fiestas.
Giner anunció ayer que la investigación judicial abierta provoca la suspensión del montaje de nuevas infraestructuras de este tipo hasta que se resuelva el caso. Por tanto, de momento, se suspenden los actos navideños en los distritos y barrios que precisan de carpas para su celebración.
Según la concejal, la denuncia es un intento del PP por “judicializar la política y paralizar la acción municipal“. Giner, por otro lado, ha ofrecido su máxima colaboración con la justicia.
Fuentes municipales muestran su tranquilidad. Apuntan que las facturas cuestionadas, y ahora investigadas por la Justicia, han sido aprobadas por la Intervención municipal. La concejal deberá comparecer en el juzgado el próximo día 22 en calidad de investigada -antes imputada-.
A su vez, también deberá declarar por estar citado como investigado por los mismos delitos el jefe de la Sección Técnica de Obras del Servicio de Distritos del área de Participación.