Miércoles, 15 de Julio de 2020

El representante legal de Sijena, el letrado Jorge Español, ha explicado que un mes y medio después de hacerse público el auto que obligaba al exconseller Santi Vila a abonar la fianza en el plazo de un día, el Consistorio ha solicitado el embargo de sus bienes.

Sin embargo, la juez ha dado un plazo de tres días más a la Fiscalía de Huesca para que se pronuncie en relación a la petición de Santi Vila, antes de tomar una decisión definitiva.

Según publicó ayer este periódico, el exconseller Santi Vila ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número de Huesca una ampliación de un mes del plazo que se le dio para abonar la fianza de 216.000 euros que le fue impuesta para hacer frente a sus posibles responsabilidades por su negativa a cumplir con la sentencia que ordenaba la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena.


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En su escrito, el representante legal del exconsejero, se ampara en la “imposibilidad económica” de su cliente para hacer frente al pago y a los trámites y gestiones llevados a cabo para consignar, “a la mayor brevedad”, el importe requerido.

Tanto Santi Vila como su sucesor en el cargo, el exconseller Lluis Puig, se enfrentan a peticiones penales por parte de la fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena por desobedecer la orden judicial de entrega.

Santi Vila recurrió a la Caixa de Solidaritat para solicitar el pago de la fianza impuesta por no entregar las 44 piezas depositadas en el Museo de Lérida cuya entrega le ordenó el juez, aunque las negociaciones no han dado resultado, según han informado fuentes jurídicas.


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Los hechos enjuiciados tienen su origen en la decisión de ambos exconsejeros de no cumplir con la sentencia dictada en abril de 2015 por un juzgado de Huesca que declaraba nulas las compraventas de bienes del monasterio por la Generalitat (1983 y 1992) y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y ordenaba la devolución de las piezas.

Según la fiscalía oscense, ambos consejeros incurrieron en una presunta desobediencia al negarse a devolver las piezas requeridas, pero Vila, además, en una usurpación de atribuciones judiciales al dictar una orden para no autorizar la salida del Museo de Lérida de los bienes que debían retornar al monasterio.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el ministerio público solicita dos condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros) para los citados exconsejeros, así como el pago de los costes causados al Gobierno aragonés por el traslado.

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