Domingo, 20 de Octubre de 2019

El titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huesca ha acordado suspender y dejar sin efecto el juicio por presunta imprudencia grave contra un traumatólogo que operó la rodilla izquierda de una paciente a pesar de que la grave afección por artrosis le afectaba a la derecha.

El magistrado ha decidido dejar sin efecto la convocatoria de la vista que se debía celebrar el próximo 19 de marzo para tratar una posible conformidad tras informarle la representación legal del facultativo y de su aseguradora que no se había llegado a acuerdo alguno “a pesar de los intentos” llevados a cabo por su parte.

La denuncia interpuesta relata que la paciente, tras sufrir una caída accidental, fue derivada en 2010 al Servicio de Traumatología del Hospital San Jorge de Huesca, donde se diagnosticó una lesión en la rodilla derecha (bursitis prerrotuliana) que exigía su paso por quirófano.


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Ante la imposibilidad de ser operada en el este centro sanitario, la mujer fue derivada a la clínica privada Viamed, entonces Santiago, de la capital oscense, con una petición de demanda quirúrgica que informaba de la presencia de artrosis en la rodilla derecha de la paciente que exigía una prótesis total.

Después de ingresar en el centro hospitalario y ser sometida al proceso preoperatorio, la mujer pasó a quirófano, donde un especialista le colocó una prótesis total en su rodilla izquierda “a pesar de que no existía ningún reconocimiento físico de la paciente, ni prueba que justificara un cambio del diagnóstico en el registro de demanda quirúrgica”.

En declaraciones a Efe, el letrado de la paciente, el abogado Ricardo Orús, ha lamentado la negativa de la representante legal del médico y de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) a rechazar la posibilidad legal de llegar a un acuerdo que, ha resaltado, “obligará a la víctima a seguir sufriendo un calvario judicial traumático”.

El letrado ha añadido que los “impedimentos” planteados para la consecución de un acuerdo prueban la “actitud obstruccionista” de los acusados.


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Por estos hechos, el ministerio fiscal remitió al juzgado un escrito de acusación provisional que reclama una condena de 2 años y 9 meses de prisión para el facultativo por una supuesta imprudencia grave, y el pago de una indemnización de unos 94.000 euros de cuyo pago hace responsable directa a AMA y subsidiario a la clínica y a su aseguradora.

El representante de la acusación particular solicita a su vez una condena de 3 años de prisión para el médico por la presunta imprudencia grave perpetrada, así como una indemnización total por los daños y las secuelas causadas de 387.099 euros, con los mismos responsables directos y subsidiarios de la fiscalía.

Por su parte, la defensa del médico y de su aseguradora, que ya ingresó a petición del juzgado una fianza de 123.000 euros, reclama la libre absolución de su cliente al entender que no hubo una actuación negligente.

En su escrito, la letrada defensora destaca que tras la operación, la paciente se sometió a un proceso de rehabilitación “programado y consensuado” con la paciente, que denunció los hechos en octubre de 2015.