Miércoles, 28 de Octubre de 2020

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha puesto en conocimiento de los organismos competentes un posible uso irregular de medicamentos veterinarios por parte de un centro veterinario y una farmacia dedicada a la elaboración de fórmulas magistrales de Zaragoza.


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Las irregularidades están relacionadas con la prescripción de recetas, cumplimentación de las mismas y falta de documentación solicitada por los investigadores, informa el instituto armado en una nota de prensa.

La investigación se inició en el mes de enero tras la denuncia de la propietaria de un perro con una enfermedad crónica a quien su veterinario le había prescrito una pomada oftalmológica pero que en el consultorio veterinario al que acudió para su adquisición la sustituyeron por una fórmula magistral bajo el argumento de que “era exactamente lo mismo pero de menor precio”.

Aunque la propietaria del can aceptó, antes de aplicárselo al animal se puso en contacto con su veterinario, quien le recomendó no aceptarlo puesto que no era el fármaco prescrito, por lo que volvió al consultorio para solicitar la factura y la receta oficial, que tenía validez de 3 meses, pero que no le entregaron con la excusa de que cuando se le terminase el producto le venderían el mismo sin necesitar la receta.

Durante el proceso de la investigación, los especialistas del Seprona han verificado los hechos denunciados, que el centro veterinario en ningún momento trató al animal al que se le iba a suministrar el medicamento y que como factura se le entregó un albarán que no era el debido.

También comprobaron que en el último año la citada clínica veterinaria había solicitado a la farmacia que elabora las fórmulas magistrales medicamentos veterinarios mediante la prescripción de un total de 90 recetas, de las que el gerente del centro sólo aportó 20.


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Dichas fuentes señalan que según la normativa, se puede proporcionar una fórmula magistral de similar efecto terapéutico cuando no existan medicamentos veterinarios para una enfermedad, lo que no era el caso, puesto que todos los solicitados disponían de equivalencia autorizada y “no procedía la solicitud de fórmula magistral”.

Los agentes también hallaron irregularidades en la expedición de las recetas por el gerente del centro veterinario, ya que en el apartado en el que debe indicarse el nombre del propietario de los animales constaba el del veterinario de dicho centro y tampoco figuraba la identificación del animal.

El gerente del establecimiento comunicó a los investigadores que obtenía las fórmulas magistrales de esa manera para su despensa por si tenía que suministrarlas en algún caso concreto.

Así, los investigadores constataron que desde la clínica veterinaria se dispensaba un medicamento que sustituía al prescrito en la receta oficial, “contraviniendo lo dispuesto en diferente normativa”, que se dispensaba una fórmula magistral que supuestamente era para otro animal, sin examinar al animal enfermo y que se incumplió con la trazabilidad del medicamento “fórmula magistral”, al no existir registro de la misma.


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También se constató ocultación “por acción u omisión” de la documentación requerida por parte del gerente al no aportar 70 recetas que habían sido solicitadas a la farmacia que elabora las fórmulas magistrales.

En el caso de la farmacia que elabora las fórmulas magistrales se verificó que tampoco se habían cumplido los requisitos legales exigidos al existir equivalentes en medicamentos.

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