Martes, 17 de Septiembre de 2019

Aragón tutelaba a fecha de 31 de diciembre de 2018 a un total de 175 menores extranjeros no acompañados (MENAs), lo que se sitúa entre las diez comunidades autónomas con un menor número, según los datos que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria 2018.

La Fiscalía General del Estado advierte en su Memoria 2018 del “incremento espectacular” en la llegada de menores extranjeros no acompañados en patera, un 199,61 % respecto a 2017, y del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención.


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El Ministerio Público, encargado de la protección de los menores, invita a una “seria reflexión” sobre el aumento de los menores extranjeros que viajan solos, que es de un 115 % respecto al año anterior, y que se eleva a casi el 200 por ciento los llegados a través del mar en embarcaciones precarias.

En concreto, durante 2018 han sido localizados 7.026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2.345 de 2017.

13.796 MENAS

En el Registro de menores extranjeros no acompañados (MENA) figuraban inscritos, a fecha de 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en 2017 eran 6.414). De ellos 12.825 son niños y 971 niñas.

La mayoría se encuentran tutelados por la Comunidad Andaluza (6.294 menores); 1842 se encuentran en Cataluña; 1.322 en Melilla; 990 en el País Vasco; 730 en la Comunidad valenciana; 553 en Ceuta; 490 en Madrid; 390 en Murcia; 281 en Canarias; 175 en Aragón; 160 en Castilla-La Mancha; 113 en Galicia; 111 en Cantabria; 103 en Asturias; 102 en Castilla y León; 64 en Baleares; 58 en Navarra; 16 en Extremadura y uno en La Rioja.

“Los datos nos asoman a una realidad que requiere de una actuación conjunta y coordinada de las autoridades gubernativas, de los servicios educativos, sociales y sanitarios, y de las entidades encargadas específicamente de la protección de menores, para abordar el tratamiento singularizado que merecen quienes, de forma voluntaria o no, han asumido el riesgo de alcanzar nuestras costas en busca de un futuro mejor“, expone.

En este repaso anual de las actuaciones, una veintena de fiscalías alertan sobre dicho desbordamiento de múltiples secciones como consecuencia de ese incremento.


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“Esta situación conlleva el aumento exponencial de los expedientes de riesgo (Huelva, Barcelona, Cádiz) y se constata la precariedad de medios materiales de las Comunidades Autónomas para afrontar adecuadamente esta nueva situación”, indica el Ministerio Público.

Todo ello -apunta la Fiscalía- se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se une al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia.