El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) ha interpuesto un contencioso administrativo al Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común) con la petición de medidas cautelares urgentes, respecto a la decisión del gobierno -del 17 de octubre- que impulsó el desmantelamiento de la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo) junto al cambio de vestuario de la unidad policial.
En un comunicado, al que ha tenido acceso este periódico, STAZ afirma que el Ayuntamiento gobernado por Pedro Santisteve, y concretamente la concejalía de Elena Giner, vulnera distintas normas jurídicas (o procedimientos administrativos) en el proceso de renovación del vestuario municipal a los agentes de la UAPO.
Argumentan en el comunicado que el recurso contencioso administrativo se motiva tras el silencio municipal a la petición, desde el sindicato, de que subsanen los errores técnicos en el sistema informático de solicitud de vestuario y que se cumpliese con lo establecido en los Reglamentos de Vestuario y de Policía. Y se impulsó definitivamente tras el acuerdo de gobierno que establecía la modificación.
En primer lugar, explican, se ha vulnerado el Reglamento de vestuario para los trabajadores y trabajadoras municipales así como el Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza.
De la misma forma, detallan en el comunicado, no ha existido expediente, ni comisión técnica al respecto, ni informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. La decisión, justifican, «obedece a una imposición política que poco tiene que ver con el sentido técnico y de servicio de la Policía Local»
No son los únicos incumplimientos. Según el comunicado, se incumple la Ley Reguladora de Haciendas Locales así como sus Bases de ejecución en materia de dotaciones presupuestarias de vestuario.
El sindicato considera el proceso como nulo de pleno derecho. Y sentencian: «Todo este proceso, y sus continuas irregularidades y oscurantismo, han generado una gran alarma social, con la oposición de los grupos municipales con representación en el Pleno, la mayoría sindical en la Junta de Personal municipal y la negativa rotunda de asociaciones vecinales y empresariales.