Lunes, 19 de Agosto de 2019

Un niña de 8 años de Zaragoza debe de cumplir con el régimen de visitas establecido por la justicia tras la separación de sus progenitores y convivir con su padre, denunciado por la madre a mediados de 2016 por presuntos abusos sexuales sobre la menor.

La larga batalla judicial emprendida por la madre de la niña para evitar la convivencia con el padre siempre ha encontrado una negativa como respuesta en los tribunales a pesar de las pruebas aportadas y de los reiterados ataques de ansiedad y afecciones sufridos por la niña cada vez que debe cumplir con la medida, según ha adelantado Radio Zaragoza.


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Unas afecciones y unas pataletas que han evitado en los últimos siete meses que el padre pueda llevarse a su hija a la salida del colegio porque, añade la madre para Efe, “la niña se tira al suelo para resistirse a la entrega y los policías se niegan a entregarla por la fuerza”.

La primera denuncia fue interpuesta en julio de 2016 tras una estancia vacacional de la menor con su padre y relatar esta a su madre que sufría escozores en la zona genital y que tenía problemas para orinar.

En la consulta médica a la que llevó la madre a su hija, la menor contó a la especialista que su padre le había introducido los dedos en su vagina “hasta un hueso”, testimonio que originó la interposición de la denuncia penal.

Esta primera denuncia, confirma la madre, fue archivada tras una exploración hecha por forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en la que la menor, que tenía entonces 5 años, se desdijo.

La madre volvió a denunciar a su expareja, de la que se separó tras denunciarle por malos tratos, en septiembre de 2017, tras volver a constatar, explica, que su hija era intimidada por su padre para que no hablara de lo ocurrido.

LAS PRUEBAS

Las numerosas pruebas aportadas desde entonces por su letrado, el abogado Óscar Esp, no han evitado la reciente decisión del titular del órgano instructor del caso de archivar la denuncia a fin de no interferir en la relación paternofilial existente.

Ni las grabaciones hechas a hurtadillas a la niña cada vez que relataba a su madre lo que vivía en casa del padre junto a su nueva pareja y la hija de ambos, ni los testimonios de los trabajadores del punto de encuentro ni los atestados policiales han impedido el archivo de la causa.

Entre los informes aportados se encuentra uno elaborado por una psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el que se asegura, explica la madre, que la niña “tiene pánico” a su padre, pero que “no ha servido de nada al no estar autorizada judicialmente su elaboración”.


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Según esta mujer, el padre, que comparte la patria potestad de la niña, se ha opuesto reiteradamente a que su hija sea objeto de revisiones médicas sin su presencia, una situación que ha contado en todo momento con respaldo judicial.

El letrado de la madre, tras varios escritos para instar la práctica de pruebas o pedir la anulación de la medida de custodia compartida, considera necesario ahondar en los motivos por los que la menor se contradijo a sí misma ante los forenses del IMLA para tratar de determinar si la niña actuó así por miedo.

Ahora, con 8 años, la menor le contesta a su madre cada vez que se acerca la hora de la entrega a su padre que “por qué tú no le tienes que ver ahora y yo sí”.

Fuentes judiciales consultadas por Efe señalan que la defensa del padre de la menor se apoya en la supuesta “manipulación” de la menor en contra suya.