La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a Esco, Floría y Agapito Iglesias junto con otros cuatro acusados. Son los acusados que no pactaron con la Fiscalía. Para el resto de los 22 investigados se mantienen las penas que en su día pactaron con Fiscalía.
En fase de conclusiones la Fiscalía solicitó para Esco 4 años y 9 meses de prisión, para Iglesias 5 años y diez meses de prisión y para Floría 3 años y 3 meses de prisión; y multas, la más elevada era para Agapito Iglesias, a quien le reclamaban 755.000 euros, a los otros dos 20.000 euros.
Fiscalía en su dictamen final consideró probado que Esco había actuado como medidor para la adjudicación a dedo varios contratos a Floría, acusando a ambos de un delito de malversación, de un delito tráfico de influencias y de un delito de prevaricación.
«La Fiscalía en su dictamen final consideró probado que Esco había actuado como medidor para la adjudicación a dedo varios contratos a Floría»
Para Iglesias, la Fiscalía lo acusó de haber pagado a la mercantil Pulsar –empresa de las hijas de García Becerril- la cantidad de 58.000 euros por un informe supuestamente “falso”. Según el Ministerio Público esta cantidad era el “peaje”, la comisión, que debía abonar Iglesias para conseguir los contratos con Plaza.
La Sala indica en la sentencia la falta de existencia de pruebas de cargo suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia, concretamente podemos leer que dice que “existen serias dudas en cuanto a la actuación delictiva”.
Como ya hemos indicado, para el resto de los 22 acusados en el procedimiento se confirman las penas en su día pactadas. Se solicitaban más de 175 años de prisión para los acusados que, tras las negociaciones con el Ministerio Fiscal, se redujeron considerablemente.
Concretamente a García Becerril se le condena a dos años y un día de prisión –por lo que tendrá que ingresar en prisón- y a 700 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, además de reintegrar las cantidades defraudadas. A José María Jordán se le ha condenado a la misma pena, por lo que también ingresará en prisión, y a la multa de cien mil euros.
Al resto de condenados se les han impuesto unas penas de prisión que suman 17 años y ninguno de ellos ingresará en prisión. Estos condenados son principalmente ejecutivos, técnicos y trabajadores vinculados a las obras de urbanización de Plaza, así como de empresarios y proveedores relacionados con las obras.
*Fernando Rodríguez Burgués es abogado especializado en Derecho Penal, de Menores y en defensa de las Víctimas de Violencia de Género de ILEX ABOGADOS.
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