Opinión | El nuevo presupuesto europeo: ¿qué está en juego para Aragón?

En los últimos días ha cobrado fuerza el debate sobre el nuevo presupuesto europeo y de lo que puede implicar para España y sus comunidades autónomas. Pero, ¿sabemos realmente de qué estamos hablando? ¿Qué es el presupuesto de la Unión Europea? ¿A partir de cuándo se aplica? ¿Está ya aprobado? ¿Y qué consecuencias concretas puede tener para Aragón? Intentemos responderlas de forma clara y directa.

En primer lugar, el presupuesto europeo, técnicamente conocido como Marco Financiero Plurianual (MFP), es el instrumento que determina cuánto puede gastar la Unión Europea y en qué prioridades, durante un periodo de siete años. La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta para el nuevo ciclo 2028-2034, pero su aprobación aún está lejos de producirse. Comienza ahora un largo proceso de negociación entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la propia Comisión, que podría prolongarse hasta finales de 2027.

Es aquí donde aparece la clásica pescadilla que se muerde la cola. A menudo pedimos a Europa que haga más: que lidere la transición ecológica, impulse la innovación, refuerce la defensa, proteja al sector agrario o contribuya al desarrollo regional. Pero pocas veces nos preguntamos con qué medios reales cuenta para hacerlo.

Lo cierto es que el presupuesto europeo es muy limitado. Apenas representa el 1,26 % de la Renta Nacional Bruta de los Estados miembros. Por comparar, el presupuesto federal de Estados Unidos representa en torno al 23,3 % de su PIB, y el de China, el 22 %. Es decir, le exigimos a Europa políticas de potencia global... pero con un margen fiscal mínimo y sin capacidad propia para generar ingresos suficientes.

Esta limitación presupuestaria se traduce en tensiones crecientes entre los gobiernos. Cada país defiende “su” prioridad: unos reclaman más recursos para la cohesión territorial, otros para la agricultura, y otros para ámbitos como la defensa, la seguridad o el control de fronteras. El resultado recuerda al conocido horse trading, una expresión anglosajona que describe negociaciones intensas y estratégicas, en las que cada gobierno intenta sacar el máximo beneficio posible a cambio de su apoyo, o dicho de forma más directa, arañar hasta el último euro. En este complejo escenario, la Comisión Europea actúa como mediadora, intentando construir un equilibrio entre intereses a menudo divergentes. 

Tampoco resulta fácil ampliar los recursos. Propuestas como aumentar las contribuciones nacionales o crear nuevos impuestos europeos suelen generar más rechazo que consenso. Lo han dejado claro gobiernos como el de Francia (centrado ahora en contener su déficit estructural), Países Bajos o Alemania, todos ellos poco proclives a un aumento del presupuesto común.

¿Y qué conlleva todo esto para Aragón?

Mucho más de lo que parece. Aunque parezca un debate lejano, el presupuesto de la UE condiciona directamente decenas de políticas públicas que afectan al día a día del territorio, desde las ayudas a agricultores y ganaderos hasta los fondos para modernizar regadíos, rehabilitar escuelas rurales, construir infraestructuras o dinamizar el tejido industrial.

Ante este escenario presupuestario, la propuesta de la Comisión ha generado especial preocupación en Aragón. La primera gran cuestión es el recorte a la Política Agraria Común (PAC). La Comisión propone reducir su dotación global de 386.000 millones a unos 300.000 millones de euros. Esto supone un recorte nominal de más del 20 %, aún mayor si consideramos la inflación acumulada.

En una comunidad como Aragón, donde más de 33.000 profesionales del sector agrario dependen de estas ayudas, esta propuesta se interpreta como un golpe directo a la economía rural. El Departamento de Agricultura del Gobierno autonómico ha calificado la medida de “inaceptable” y estima que podría traducirse en una pérdida de hasta 100 millones de euros anuales para el territorio. Esto no solo afectaría a las rentas agrarias, sino también a la cohesión territorial, al relevo generacional y al conjunto del tejido agroalimentario.

Pero no se trata solo de una cuestión de cifras. También hay un cambio estructural de fondo. La PAC dejaría de gestionarse como una política con identidad propia y pasaría a integrarse en los llamados Planes Nacionales de Reforma e Inversión, junto con otros fondos como los de cohesión, migración o política social. Esta transformación traería consigo menos visibilidad, menor autonomía y un riesgo real de recentralización presupuestaria. De hecho, tanto el Comité Europeo de las Regiones como el propio Parlamento Europeo ya han mostrado su rechazo a este planteamiento, advirtiendo del peligro de debilitar el papel de las regiones en la política de desarrollo de la UE.

La política de cohesión, la otra gran fuente de financiación europea para Aragón, tampoco queda al margen de cambios de calado. Aunque su volumen global se mantiene estable, el modelo de gestión cambia. Los fondos dejarán de articularse mediante programas regionales con dotaciones preasignadas y pasarán a formar parte de planes estatales únicos. En el caso de Aragón, esto exigirá redoblar esfuerzos en la negociación del reparto nacional, especialmente si quiere asegurar financiación para territorios vulnerables a la despoblación, como Teruel, el Pirineo o el entorno rural zaragozano.

Un equilibrio incierto entre recortes y oportunidades

No obstante, también se abren nuevas ventanas de oportunidad. La propuesta de MFP también amplía notablemente algunas líneas estratégicas como innovación, digitalización, transición energética, defensa, conectividad, investigación aplicada o educación. Programas como Horizonte Europa, el nuevo Fondo Europeo de Competitividad o el Mecanismo Conectar Europa pueden suponer un salto cualitativo para el tejido industrial, tecnológico o logístico de Aragón. Eso sí, acceder a estos fondos será más competitivo que nunca. Requerirá presentar proyectos sólidos, construir consorcios europeos, movilizar centros tecnológicos, clústeres, empresas y universidades, y anticiparse a las convocatorias europeas con planificación anticipada y alianzas sólidas. En este terreno, la colaboración público-privada será decisiva.

Aragón y el futuro de las regiones europeas

A modo de resumen, el presupuesto de la UE para 2028-2034 aún no está aprobado, pero sí empieza a dibujar el mapa del futuro europeo. Durante los dos años de negociación que ahora comienzan entre la Comisión, Parlamento y Consejo, se definirán los grandes equilibrios entre prioridades nuevas y tradicionales, entre gasto común y nacional, entre centralización y política regional.

Desde Aragón, el reto será doble. Por un lado, defender políticas que han sido clave para nuestro territorio, como la PAC o la cohesión, y al mismo tiempo posicionarse en las nuevas prioridades estratégicas, como la innovación, la defensa o la transición energética. 

En este nuevo contexto de recentralización y cambio de prioridades, Aragón, como el resto de regiones, deberá empujar con determinación durante los próximos dos años para que sus reivindicaciones tengan voz en Europa. Hacerse oír en Bruselas no será sencillo, pero resultará imprescindible para asegurar que el modelo territorial, el medio rural y las prioridades regionales sigan teniendo cabida en el futuro proyecto europeo.

Álvaro Lombardo – Experto en asuntos europeos y competitividad industrial.