Más de 300 autónomos y pymes de Zaragoza deberán devolver 1,6M de los microcréditos Covid municipales
La Cámara de Cuentas de Aragón avala la legalidad de las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza, pero detecta deficiencias en su control, justificación y seguimiento posterior.
Más de 300 autónomos y pequeñas empresas deberán devolver al Ayuntamiento de Zaragoza 1,68 millones de euros correspondientes a los microcréditos municipales puestos en marcha durante la pandemia de la COVID-19. Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado el pasado 29 de julio, que analiza la gestión de las primeras dos convocatorias de estas ayudas destinadas a sostener la actividad económica de quienes se vieron más afectados por el confinamiento y las restricciones.
El programa, dotado con un presupuesto de 10 millones de euros, se desarrolló en tres líneas de ayuda para autónomos y pequeñas empresas con hasta diez trabajadores. En total, se concedieron 9.982.000 euros a 1.700 beneficiarios, según detalla la Cámara de Cuentas. Las líneas ofrecían microcréditos de 5.000, 7.500 y 10.000 euros, sin intereses y con un plazo de devolución de entre tres y cinco años. El periodo de carencia inicial se amplió posteriormente hasta los 36 meses.
Según el documento, a 31 de marzo de 2025 “se han recuperado 3.796.464 euros, permaneciendo pendientes de devolución 6.544.266 euros”. Los 301 procedimientos de reintegro iniciados corresponden a beneficiarios con impagos de cuotas, mientras que “los importes vencidos no se han contabilizado correctamente como ingresos de derecho público”.
El informe añade que “en algunos expedientes no consta la comprobación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria” y que “no se dispone de un sistema que integre la información de concesión, justificación, amortización y reintegro”.
RECOMENDACIONES
Entre sus conclusiones, la Cámara de Cuentas recomienda al Ayuntamiento de Zaragoza “reforzar los mecanismos de control interno y la coordinación entre áreas” e “implantar una base de datos común que permita el seguimiento integral de los préstamos”. También insta a “mejorar la comprobación de la documentación justificativa y establecer procedimientos uniformes de verificación”.
El órgano fiscalizador considera que el programa de microcréditos supuso un “instrumento útil para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria”, aunque reitera que la gestión administrativa “presentó deficiencias que deben corregirse en futuras convocatorias de ayudas municipales”.
