Miércoles, 18 de Septiembre de 2019

Los hosteleros zaragozanos se han unido para exigir una modificación de la ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica ya que, como ha comentado el presidente de Aragón en Vivo, Pablo Cano, “no está bien redactada”, es “surrealista de cumplir” y “está en el limbo”.

El descontento ha sido manifestado en rueda de prensa de la mano de diversas asociaciones hosteleras como El Tubo de Zaragoza, Aragón en Vivo o la Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón, quienes han solicitado una ordenanza “consensuada, participativa y que aporte seguridad jurídica”.


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La nueva ordenanza, que ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, impide que se superen los 25 decibelios de ruido, según han declarado.

El portavoz de la Asociación Profesional de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José Luis Sanz, ha subrayado que todos los hosteleros son conscientes de que la ordenanza anterior, de 2001, “está obsoleta” y es necesaria una “actualización”.

El secretario de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza y Provincia (Horeca), Jesús Boillos, ha explicado que “no han sido consultados” en los procesos de elaboración de la ordenanza y que implica un “impacto directo” en la dignidad del sector hostelero, provocando una “demonización del mismo”.

Por ello, Sanz ha puntualizado que el nuevo texto redactado ha de ser contemplado por “todos los ciudadanos” dado que la nueva ordenanza no ha sido consultada con ninguno de los afectados.

Asimismo, Sanz ha recalcado que no comparten ni las formas, dado que “no hubo conciencia” de la nueva norma hasta que se comunicó en prensa, ni el fondo, “restrictivo y limitador sin justificación”, del proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza.


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De esta forma, los hosteleros han advertido que la nueva ordenanza amenaza gravemente no solo al sector sino también a los vecinos, industrias, propietarios de locales y usuarios de la ciudad y ue pone en “juego” el futuro de más de 4.000 establecimientos de la ciudad.

Todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza coinciden en que el objetivo de la ordenanza debería consistir en un equilibrio que haga compatible el derecho al descanso de los vecinos y el desarrollo de una actividad económica que presta servicios a la ciudadanía.


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Además, Sanz ha subrayado que el problema del ruido en las calles no es un tema “urbanístico” sino que compete a temas de “orden público” y que, por ello, las competencias corresponderían más al cuerpo policial.

La aplicación de la norma implicara consecuencias si se superan los 25 decibelios de ruido como una multa de entre 601 euros y 12.000 euros, la suspensión de la licencia por un año y un día, la clausura del local de un año a dos años y el precinto temporal del equipo de música.

Las asociaciones han recordado que desde hace más de 40 años, el sector de la hostelería zaragozana ha crecido hasta encontrarse entre los primeros a nivel nacional, con un total de 4.500 establecimientos activos y 22.380 trabajadores.