El Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, PAR y Chunta) ha advertido este lunes de una «abrupta» caída de ingresos, como no se ha vivido «en la historia reciente», por la crisis del coronavirus y de que será necesaria más deuda para afrontar los gastos, prioritariamente sanitarios y asistenciales, y para el mantenimiento de los servicios y la reactivación económica.

Así lo ha manifestado el director general de Presupuestos, Andrés Leal, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes en la que ha incidido en que hay tal incertidumbre, de países, sectores y agentes económicos afectados e incluso sobre la duración de estado alarma, que es imposible, con un mínimo de rigor técnico, hacer una cuantificación del impacto que esta crisis va a tener en los ingresos.

Leal ha comparecido inmediatamente después que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha insistido en el impacto que va a tener en el presupuesto la crisis de la COVID-19, por el fuerte aumento de gastos y la drástica caída de ingresos, y ha adelantado que será de 25 millones al mes por la moratoria del pago de impuestos cedidos.

En todo caso, Leal ha hecho hincapié en que los fondos para afrontar los gastos se obtendrán por medio de más deuda, y que para eso es fundamental que haya un acuerdo de la Unión Europea y la flexibilización de los objetivos de déficit y de endeudamiento.

En ese sentido, el consejero ha afirmado que es una gran equivocación plantear qué va a hacer Aragón en exclusiva en relación con el déficit y la deuda, dado que las grandes líneas pasan por la UE.

ENCRUCIJADA FINANCIERA

Pérez Anadón, quien ha intervenido a petición de PP, Ciudadanos y VOX, ha desgranado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Aragón para afrontar esta crisis, entre ellas las operaciones de crédito a corto plazo, para tratar de generar la mayor liquidez posible, por cerca de 1.400 millones, además de exigir por carta a Madrid el anticipo de tesorería necesario y la habilitación del extraFLA, contemplando los no ingresos relacionados con el IVA.

Por otra parte, ha indicado que el Ministerio de Hacienda ha pedido a las comunidades que habiliten una cuenta específica de la COVID-19 para incorporar todos los gastos generados extraordinariamente y poder reclamar su financiación en Europa.

En cuanto a la necesidad de presentar un plan económico y financiero con un ajuste de 300 millones por incumplir el objetivo de déficit al que ha aludido la oposición, ha admitido que en estos momentos no es una prioridad por parte de Madrid, entre otras cosas porque no se puede hacer al no conocerse la desescalada ni la caída de ingresos ni el aumento de gastos de esta crisis.

En esta situación, ha dicho, prefiere casi que no haya presupuestos generales del estado para 2020, porque a su juicio sería muy negativo y el bloqueo a las comunidades respecto de la liquidez les impediría salir de la crisis en estos momentos.

Por otra parte, Leal ha destacado que el Gobierno central ha activado una serie de recursos extraordinarios ante los gastos sobrevenidos por el coronavirus, los derivados del fondo de sanidad, de las becas de comedor para los niños en situación de vulnerabilidad y el fondo de solidaridad para cuestiones sociales y asistenciales.

Por la vía de ingresos, ha dicho, este es el margen que tiene la comunidad, teniendo en cuenta que el Gobierno de España ha dejado de recaudar por IRPF e IVA y mantiene «infladas» las entregas a cuenta que transfiere a las autonomías, basadas en un crecimiento de la economía del 1,6 %, y eso es lo que va a permitir este año «seguir salvando la cabeza».

EL DESACUERDO

En el turno de los grupos, Carmen Susín (PP) ha acusado al Gobierno de Aragón de no tomar medidas ni de dar confianza a los aragoneses respecto a la salida de esta crisis. Por parte de José Luis Saz, de Cs, ha apuntado que lo realmente importante es reformular el presupuesto teniendo como prioridad salvar vidas, reactivar la economía y garantizar la protección social.

David Arranz, de VOX, ha remarcado que el presupuesto «ha saltado por los aires» y que hay que adaptarlo para gestionar la crisis sanitaria con un plan de emergencia que baje la presión fiscal, que reduzca los gastos y termine «chiringuitos».

Por IU, Álvaro Sanz ha reivindicado evitar por todos los medios la quiebra social y ha reclamado avanzar en el proceso de reconstrucción con una redefinición de las partidas presupuestarias.