El presidente de Aragón, Javier Lambán, ve «razonable» que en 2019 entre en vigor un impuesto de sucesiones y donaciones «reformado y rebajado», armonizado con el resto de Comunidades y que «haga posible que los aragoneses no paguen ni un euro más por heredar que lo que pagan el resto de los españoles».

Así lo ha declarado a los medios antes de asistir a la presentación del proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, preguntado por el informe que elabora el Departamento de Economía para valorar el impacto de dicho impuesto y quién lo paga y que, ha anunciado, «está prácticamente listo» y llegará a las Cortes «en pocos días».

Una vez que esté elaborado el informe, ha explicado que el Gobierno de Aragón hará su propuesta para armonizarlo con el resto de las Comunidades autónomas.

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«No creo que tardemos mucho en tener un impuesto de sucesiones reformado, que sitúe a los aragoneses en los mismos términos y obligaciones de tributo que el resto de la ciudadanía española», ha asegurado Lambán, quien ha acusado a la Comunidad de Madrid de hacer un dumping fiscal al resto de autonomías y dejándolas «a todas, en una situación complicada que tendría que tener algún tipo de corrección».

LAMBÁN CRITICA LA POLÍTICA FISCAL DE CIFUENTES

Según el presidente de Aragón, la Comunidad de Madrid «está aprovechando de manera ventajista y bastante inaceptable su condición de capitalidad», una situación, ha dicho, que «le permite tener unos ingresos extraordinarios que no tenemos el resto de comunidades autónomas».

Actualmente, en Madrid este impuesto está bonificado al 99% entre padres e hijos y su presidenta, Cristina Cifuentes, ha anunciado una bonificación del 15 % entre hermanos y del 10 % entre tíos y sobrinos.

«Si Madrid se puede permitir estos lujos es porque allí está la capital del reino, lo que le supone unos ingresos añadidos fabulosos», ha sentenciado el presidente aragonés.

Aragón es la comunidad autónoma que más paga por el impuesto de sucesiones a la hora de tributar por una herencia de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, según el Panorama de Fiscalidad Autonómica Foral 2018 del Consejo General de Economistas.