Repartidores que entregan pedidos para la aplicación Glovo han convocado a sus compañeros a un paro mañana jueves entre las 20.00 y las 23.00 horas en las ciudades de Barcelona, Madrid y Zaragoza.

En un comunicado, los impulsores de esta protesta defienden que el paro tiene por objetivo trasladar a los dirigentes de la compañía que están «explotados» y que son víctimas de la «precariedad» laboral.


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La concentración en la Ciudad Condal tendrá lugar en la calle Pallars número 85, frente a una de las sedes de Glovo; en Madrid se celebrará en la Puerta del Sol y en Zaragoza, en la Plaza de España.

«El 25 de julio debe ser una fecha para salir y decirles (a los dirigentes de Glovo) lo que no quieren escuchar: que cobramos tres euros limpios por pedido y que llegamos a esperar hasta una hora por pedido», reza el comunicado.

No obstante, el principal foco de sus quejas se centra en esta ocasión en el sistema utilizado por la firma para asignar los pedidos a cada repartidor, un «software que funciona por un algoritmo que ellos mismos eligen y que es totalmente manipulable».


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Fuentes del colectivo han explicado que en el caso de Glovo existe un sistema de puntuación que va de 0 a 100 para cada repartidor y que la compañía sólo deja elegir entre todas las franjas horarias disponibles a quienes tienen la máxima calificación.

El resto pueden acceder a un número de franjas horarias más limitado, en función de la demanda prevista de pedidos y de la cifra de riders dispuestos a trabajar.

De esta forma, según critican, algunos repartidores apenas pueden hacer horas a lo largo de la semana, lo que les deja con unos ingresos mínimos pese a que deben seguir haciendo frente a los gastos que conlleva ser autónomo.

El sector de las empresas digitales de reparto -como Glovo, Deliveroo o Ubereats– se encuentra en el punto de mira desde hace meses en España, después de que la Inspección de Trabajo les haya abierto varios expedientes por considerar que sus repartidores son «falsos autónomos».


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De hecho, ayer martes el juzgado de lo Social de Madrid respaldó el criterio de la Inspección y condenó a Deliveroo a pagar las cotizaciones atrasadas de más de medio centenar de riders que entregaban sus pedidos entre octubre de 2015 y junio de 2017.

Las compañías afectadas defienden que los repartidores son autónomos y reclaman al Gobierno entablar una negociación para crear un «nuevo marco legal» que aúne «flexibilidad y seguridad» para estos trabajadores