Los presidentes de las ocho comunidades autónomas que piden que prime la dispersión de la población, el envejecimiento y el coste por servicio en la reforma del modelo de financiación autonómica –Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias– se darán cita este martes 23 de noviembre en la capital gallega para la denominada ‘Cumbre de Santiago de Compostela‘, con el objetivo de fijar una posición común en la negociación sobre la renovación del sistema de financiación.
Así, en el Hostal de los Reyes Católicos se verán las caras Alberto Nuñez Feijóo, Javier Lambán, Emiliano García-Page, Alfonso Fernández Mañueco, Guillermo Fernández Vara, Concha Andreu, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón. Una alianza de distintos partidos, tanto del PP como del PSOE y del Partido Regionalista de Cantabria, y que buscan un acuerdo por encima de intereses particulares o partidistas.
Precisamente, este encuentro se produce a finales de noviembre, mes que había planteado el Ministerio de Hacienda como límite para presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y poder así empezar a negociar con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
En concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en varias comparecencias públicas ha reafirmado la idea del Gobierno central de presentar antes de que finalice el mes de noviembre su propuesta, que sería en base al criterio de población ajustada, el que piden autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Una propuesta que dejaría al margen la pretensión de la España Vacía y las insistentes explicaciones de sus presidentes. En concreto, el presidente Lambán afirmó hace pocos días que sólo en Aragón se necesitan 600 millones de euros más para que la comunidad esté bien financiada y se puedan prestar los servicios públicos en condiciones.
LOS OTROS BLOQUES
Al margen de este bloque formado por las ocho autonomías que prevén reunirse en Santiago de Compostela, existen al menos dos frentes comunes más, que a lo largo de estos días se han ido pronunciando sobre sus reclamaciones a la hora de ver cuál es el criterio que debe primar para reformar el modelo de financiación autonómica.
Uno de estos grupos está conformado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, conocidas como comunidades «infrafinanciadas» que defienden una reforma en la que se prime el criterio de población ajustada.
Por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que buscan una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.