La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) «quiere recortar aún más» el servicio de transporte sanitario urgente, que ya tiene «graves carencias materiales y de personal». En una nota de prensa, esta organización sindical ha manifestado que el Gobierno de Aragón «quiere reducir el número de ambulancias en la próxima licitación del servicio y sigue sin resolver el conflicto laboral de los trabajadores, que llevan casi diez meses en huelga y tres años sin convenio».
CSIF ha explicado que el Salud ha publicado recientemente el anuncio de licitación para el ‘Servicio de transporte sanitario terrestre para el traslado urgente de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón’, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, paso previo a la publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma de los pliegos del contrato del transporte sanitario urgente, por un presupuesto de 92 millones de euros para los próximos cuatro años.
En el anexo del anuncio, figura el listado de 75 vehículos, frente a los 85 que hay ahora. «La oferta económica es insuficiente y el número de vehículos claramente escaso para poder prestar el servicio con calidad», ha señalado el responsable de Transporte Sanitario Urgente de CSIF Aragón, José Luis Martínez.
Ha añadido que se mantiene el sistema de trabajo de ambulancias localizadas en vez de presenciales, lo que supone «un retraso de 15 minutos para atender las urgencias» y, con el nuevo contrato, «va a aumentar la precariedad del colectivo y va a empeorar el servicio».
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA
Los comités provinciales del transporte sanitario registraron el pasado 14 de enero una denuncia ante la Fiscalía solicitando medidas contra la contrata –Acciona y Ambunova– por la suspensión de servicios en los últimos meses.
«Los sindicatos hemos denunciado en numerosas ocasiones que hay ambulancias paradas y se han dejado de prestar servicios», ha precisado Martínez, que ha recordado que el transporte sanitario urgente está externalizado en Aragón. Por eso, desde CSIF han reclamado al Salud «un modelo de gestión pública, que beneficiará directamente a los ciudadanos y a los trabajadores, como ya tienen otras comunidades autónomas», entre las que ha citado a Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja.