La ley que está preparando el Gobierno de España, desde el Ministerio de Igualdad que dirige Podemos, por la ‘autodeterminación’ de género como un derecho para las personas trans está repleto de polémicas.
Según el borrador que se ha conocido, se pretende incorporar en la ley que se permita el cambio de sexo en el registro sin ninguna necesidad de que lo requiera un informe médico o cualquier tercero. Y que se pueda hacer desde los 16 años.
Pero la polémica servida en el foco nacional por la predisposición del Gobierno ya existe en hasta 10 comunidades, incluidas Aragón. La decisión de legislar sobre la autodeterminación del género es un tema que tiene dividido al movimiento feminista por varios motivos.
Una de las voces discordantes ha sido la de la misma vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, aunque comparta gobierno con la ministra de Igualdad, Irene Montero. La dirigente socialista cree que el hecho de elegir género sólo con la mera voluntad de una persona, sin ningún informe o requerimiento médico o psicológico, hace que se dude de la identidad del resto de personas del país.
El cambio que pretende el Ministerio de Igualdad es para cambiar la legislación actual que para el cambio de sexo exige previamente un diagnóstico médico de disforia de género o que se haya realizado un tratamiento hormonal de 24 meses para que se pueda admitir el cambio de sexo.
Pero Aragón ya se adelantó a la legislación nacional. En una ley autonómica que reconocía una extensa ley LGTBI que incluía la «autodeterminación de género» sin ningún requisito previo médico. En la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (aprobada en abril de 2018 por las Cortes de Aragón) reconoce el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género de toda persona.
Y se dice: «En ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico ni se podrán requerir pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género».