El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que activará «inmediatamente» los mecanismos para conceder ayudas de urgencia a los damnificados por la borrasca Gloria en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En ningún caso lo hará en Aragón, pese a los daños evidentes de los últimos días que han dejado hasta el casi 10% de la comunidad aislada -70 municipios– así como la implicación de la UME en numerosos perjuicios ocasionados por la borrasca.


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Tras visitar la zona más afectada por la borrasca en Cala Rajada, en el municipio mallorquín de Capdepera, Sánchez ha destacado su «conmoción» por los daños ocasionados por el temporal marítimo, en particular en el Delta del Ebro, que ha sobrevolado antes de desplazarse a Baleares.

«No vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos» para impulsar las ayudas a particulares, empresas y administraciones afectadas, ha explicado el presidente en declaraciones a los periodistas.

Además de la reunión interministerial de mañana para poner en marcha las ayudas, el jefe del ejecutivo ha anunciado que este sábado continuará las visitas a las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, para solidarizarse con los damnificados, como ha hecho en Mallorca.

Ha recalcado que con las ayudas y la colaboración entre instituciones para «restablecer la normalidad, garantizar la seguridad y dar respuesta a muchas de las necesidades inmediatas» no se compensan más que de forma material las pérdidas que sufren los damnificados, «porque hay mucha vida detrás».


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Sánchez ha planteado que los destrozos causados por Gloria deben servir para «hacer una reflexión» sobre cómo el cambio climático está agudizando y agravando, en consecuencia, los efectos de esos fenómenos meteorológicos».

A juicio del presidente, las políticas de todas las administraciones públicas deben considerar los efectos del cambio climático y «la ciudadanía, de la mano de las administraciones públicas» tiene que «empezar a desarrollar una cultura de prevención y de seguridad» que preserve vidas y bienes materiales ante los fenómenos meteorológicos extremos.