La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ante la continua ascensión, aunque lenta, de la curva de contagios de COVID-19 en la Comunidad, que ayer sumaron 596, ha anunciado en una comparecencia acompañada del director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y del director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, tras reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios, con excepción del PP, que ha rehusado, para que conocieran «in situ» cómo trabaja el departamento de Sanidad.


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Los dirigentes sanitarios han reconocido que, salvo Zaragoza capital y la comarca central, en el resto de zonas más afectadas la situación es «más estable» y hoy se valorará su comportamiento por si es posible variar el nivel de restricciones.

Sin embargo, Falo ha señalado que independientemente de la fase en la que se encuentren, se ha decidido «con ámbito general» medidas que ayuden a controlar la transmisión de COVID-19 en el ámbito comunitario y en los espacios de ocio y prevenir dónde no ha llegado.

La consejera ha insistido en que no tienen previsto el confinamiento sino que es partidaria de las restricciones sociales y el distanciamiento social, lo que ha aprovechado para recordar que las personas que han estado en contacto estrecho con una persona positiva, aunque den negativo en la prueba PCR, deben guardar también cuarentena porque son personas «potencialmente contagiosas» y es por lo que se ha creado la figura del mediador intercultural para trasladar el mensaje a la población.

En este sentido, ha advertido de que el control de las cuarentenas se hace mediante llamada telefónica del centro de salud, que puede dar aviso a la policía y guardia civil en el caso de que se detecte un incumplimiento y que puede derivar en detención si la persona se ha trasladado de población.

Repollés, quien ha subrayado que uno de cada diez aragoneses «tiene un PCR hecho», ha informado de que se sigue contratando más personal y potenciando los centros de salud por la tarde para incrementar los rastreos y que en 48 horas estará listo un «call center«, por si fuera necesario para controlar un mayor número de contactos y que estará gestionado por trabajadores sociales y profesionales sanitarios jubilados.

MÁS VETO AL OCIO

El Gobierno de Aragón ha decidido extender a toda la Comunidad las restricciones vinculadas con el ocio como la reducción de los horarios de hostelería, la prohibición del botellón, peñas y ocio nocturno y la limitación del número de personas por grupo.

También se estudia con el Ministerio de Sanidad «cómo puede encajar» en el sistema de información de Aragón la implantación de la aplicación «radar covid» que, como ha apuntado José María Abad, «no es una solución» sino un refuerzo de otros mecanismos.

En el ámbito de los centros residenciales, donde hay 45 brotes, la mayoría concentrados en cuatro establecimientos, Falo ha abogado por ser «cautos» y trabajar para restablecer los mecanismos preventivos con los que se trabajaba a finales de mayo y ha incidido en la necesidad de que quienes conviven o trabajan con personas mayores sean cuidadosos en sus relaciones sociales y vigilen su estado de salud.

Por ello el Gobierno de Aragón ha advertido de que cuando se observa alguna infracción o delito se abre un expediente sancionador, como ha ocurrido con la residencia de Burbáguena (Teruel), con 63 residentes de 94 contagiados, y contra la que se va a imponer una denuncia que, según Repollés, «seguirá su curso normal, con la peculiaridad de que es el mes de agosto».

Aunque desde la Sanidad aragonesa han reconocido que se desconoce cuándo se alcanzará el pico de la curva, Falo ha insistido en que no se está ni se espera llegar al nivel de «saturación» que se alcanzó en el mes de abril, con mil camas de hospitalización convencional ocupadas y 180 en la UCI, ya que en la actualidad, aunque se siguen incrementando los ingresos, hay unas 480 camas de hospitalización ocupadas y 33 en la UCI el pasado viernes.

Otro de los problemas que ha generado el repunte de los brotes de covid-19 han sido los contagios en sanitarios, lo que ha hecho que 200 profesionales estén de baja por infección o contacto estrecho con afectados, en un momento en el que no hay posibilidad de cubrir bajas por estar vacías las bolsas de empleo, y esto ha provocado que en centros de salud como el de Valdefierro en Zaragoza solo funcionen las urgencias hasta que se complete la realización de las pruebas diagnósticas y se refuerce desde otros centros.