Martes, 04 de Agosto de 2020

El Juzgado Social número 1 de Zaragoza ha adoptado una medida cautelarísima que mete más presión a la gestión del Gobierno de Aragón para proveer del material sanitario necesario a los trabajadores. 


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Según el auto del juez, que se restringe a la provincia de Zaragoza, el Ejecutivo de Javier Lambán tiene 24 horas para que el Gobierno de Aragón, el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) doten de equipos de protección individual a los profesionales que trabajan en centros sanitarios y sociales.

Los elementos que deben de proveer desde las adminitraciones en 24 horas son: bata resistente a líquidos o impermeable; protección respiratoria (“mascarillas”) con eficacia de filtración FFP2 o FPP3; protección ocular anti-salpicaduras, o de montura integral o un protector facial completo; guantes; gorros; calzas específicas; hidrogel o hidroalcohol biocida; y, contenedores de residuos, de diversos tamaños, explica el sindicato en una nota de prensa.

La decisión judicial adoptada se justifica en la desprotección que tienen los profesionales ante el contagio del coronavirus (COVID-19). La denuncia fue interpuesta por el sindicato médico Fasamet, que formulará la misma ante el Juzgado Social de Huesca y Teruel el próximo lunes.


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Fasamet apunta a que los empleados públicos, sanitarios o encargados de labores socio-sanitarias, están expuestos al contagio durante el peor momento de crisis sanitaria. Consideran que el empleador -las administraciones públicas- deben proveer del material indispensable a los trabajadores para que no sufran ningún riesgo laboral, en este caso el contagio de una enfermedad que puede ser mortal en según que personas.

*Lea aquí la última hora sobre el coronavirus en Aragón

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