El Gobierno de Aragón activará el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO), en fase de alerta, el próximo 1 de mayo, como medida preventiva ante el riesgo extraordinario de la declaración de este tipo de incendios.
La fase de alerta es una etapa previa a la de emergencia por incendio forestal, que se establece cuando el estado en que se encuentran los combustibles forestales origina, al menos, una probabilidad de ignición media y unas condiciones favorables para la propagación de los incendios forestales. Lo habitual es que se ponga en marcha a partir del 15 de junio.
De acuerdo con los últimos episodios vividos en Aragón en materia de incendios, así como la sequía, desde el Ejecutivo autonómico se trabaja en la articulación de un conjunto de medidas que sirvan para prevenir «problemas y catástrofes», indicó Mayte Pérez, la consejera de Presidencia, este viernes. Especialmente, de cara a las elevadas temperaturas que se esperan en los próximos días, alcanzando los 30 grados.
Esta situación tan extraordinaria para activar a todos los efectivos forestales en la prevención contrasta con la situación que vive la plantilla, dentro de la empresa pública SARGA que gestiona la gestión forestal.
En resumen, según declara el Comité Intercentros de SARGA, Aragón sigue siendo la autonomía con menos plantilla para la extinción de incendios, siendo la comunidad un 10% del territorio nacional y con una masa forestal de casi el 50% de la región. Junto a ello, denuncian que el destino de 30 millones de euros es «insuficiente» y que para solucionar este déficit de inversión se subcontrata a compañías privadas.
«MUCHÍSIMO RIESGO»
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona ha comentado que la decisión de activar el nivel de alerta de PROCINFO está «absolutamente justificada», no solo por las condiciones meteorológicas, sino también por las condiciones físicas y biológicas del monte, que supone «muchísimo riesgo».
Olona ha subrayado esta decisión se ha adoptado «respaldada por los medios disponibles», porque el operativo de Sarga está contratado durante los 12 meses del año desde principios de 2023. «Esta novedad ha sido determinante para garantizar que en los próximos días estamos en disposición de afrontar las situaciones que se puedan producir, que esperemos que no sean de gravedad», ha añadido.
En esta línea, ha señalado que se están «reorientando y reorganizando» todos los medios y efectivos, no solo del operativo forestal de Sarga, sino también del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, es decir, unas 1.300 personas.
LA PRECARIEDAD EN SARGA
Fuentes del Comité de Sarga, la empresa pública del Gobierno aragonés continúa con un convenio caducado desde el 2019 y con múltiples denuncias en Inspección de Trabajo. Coincide que la plantilla de SARGA fue despedida el 31 de diciembre para cambiar su régimen de contratación el primer día del año 2023, y así se contratados como fijos discontinuos durante el año. Una decisión del Departamento de Medio Ambiente que viene recogida en la Ley de Montes desde hace años. Para la representación de la empresa, según detallan a este periódico, el compromiso que tiene el Gobierno de Aragón es dedicar más fondos a subcontratas de compañías privadas y no a la financiación desde el sector público.
La precariedad es una constante en SARGA. Así lo denuncian desde el Comité: el personal de cuadrillas tiene que estar con atención continúa y disponibilidad de 15 minutos todos los días por una urgencia. Esto perjudica la conciliación con la vida persona. Además, en este caso, el sueldo es de 40 céntimos cada hora por su disponibilidad.