Los informes de fiscalización de los ayuntamientos de Munébrega (Zaragoza), gobernado por el Partido Aragonés; Valle de Bardají (Huesca), del PSOE; Valle de Hecho (Huesca), del PSOE; Castelnou (Teruel), del PAR; y La Vilueña (Zaragoza) gobernado por el PP; correspondientes al ejercicio 2018 y elaborados por la Cámara de Cuentas de Aragón reflejan «falta de control interno y de medios».

Así lo han expuesto el presidente y la consejera de este órgano, Alfonso Peña y Rosa Montolío, respectivamente, durante su comparecencia ante la Ponencia de las Cortes de Aragón de Relaciones con la Cámara de Cuentas.


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El presidente del órgano auditor ha explicado que, tras analizar la situación económico-financiera y de determinadas áreas de riesgo, las principales dificultades de estas entidades locales son «la falta de control interno y de medios para hacer una gestión pública de manera correcta».

A su vez, Peña ha destacado que el pasado mes de julio la Cámara de Cuentas formalizó un convenio con los tres colegios de interventores y tesoreros y con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias para mejorar la rendición de cuentas de las entidades locales.

Posteriormente, ha intervenido Rosa Montolío, consejera de la Cámara de Cuentas de Aragón, quien ha explicado que en la fiscalización de estas entidades no han seguido el mismo procedimiento que con otras, puesto que han intentado «incluir las recomendaciones después de cada área para que fuera más pedagógico para los ayuntamientos». Montolío también ha incidido en «la falta de control interno en todos los municipios» y en la importancia de la figura del secretario interventor.

FALTA DE FORMACIÓN

El diputado socialista Óscar Galeano (PSOE) ha subrayado que los informes de estos cinco ayuntamientos «no suponen una radiografía del conjunto de municipios y entidades locales aragonesas» y ha destacado que no hay que ser ajenos «a que hay una falta de formación y un problema de temporalidad».

La parlamentaria del PP, Ana Cristina Sainz, se ha centrado en el informe del Ayuntamiento de Castelnou, en el que la «opacidad» es «total y absoluta«. Sainz no ha olvidado que el 94% de las entidades aragonesas rindieron sus cuentas en 2019 y que estas instituciones son «las que han estado al lado de los ciudadanos en este tiempo de pandemia».

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha esgrimido que las entidades locales son «muy importantes en una administración multinivel como la que tiene España» y, por ello, una de las misiones de la Cámara de Cuentas «es revelar la realidad de estas administraciones locales». Además, Saz ha resaltado que la función del secretario interventor «es el control interno» y que los fondos públicos «deben ser gestionados de una forma escrupulosa».

La representante de Podemos, Marta Prades, ha puesto de manifiesto que la cobertura de plazas de secretario «es deficitaria» y ha solicitado dar apoyo a los municipios para que «puedan cumplir con la legalidad establecida». La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha considerado que la gestión de los fondos públicos «tiene que ser clara y transparente», a la vez que ha reconocido «la falta de secretarios y el problema que existe para cubrir estas plazas».


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La parlamentaria de VOX, Marta Fernández, ha puesto el foco en conocer si estos municipios «tienen los medios suficientes o si han solicitado apoyo», para lo que ha pedido desarrollar «una normativa específica para los municipios para que puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones».

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha estimado que los informes arrojan «una fotografía preocupante con respecto a los cumplimientos de legalidad por parte de las instituciones locales». En su opinión, «hace falta el fortalecimiento de la gobernanza local».