El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha considerado que la medida que baraja el Gobierno de España de introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024, a propuesta de la Comisión Europea, «no es un peaje a las autovías, sino a las familias de la provincia de Zaragoza«.
En declaraciones a los medios de comunicación, este jueves, Celma ha manifestado que esta medida «solo se le puede ocurrir a alguien que no sabe que en Aragón en el último año se han perdido 1.500 autónomos» ya que «en términos relativos, somos la comunidad autónoma que mayor número de autónomos hemos perdido en esta época de pandemia», ha añadido.
En este sentido, el responsable del PP-Zaragoza ha ejemplificado el gasto que supondría la implementación de esta medida para un ciudadano: Una persona que trabaja en Calatayud y vive en Zaragoza se le quiere cobrar hasta 1.859 euros al año si sale adelante esta pedida que ha propuesto el partido socialista o una persona que viva en Daroca y tenga que pagar por venir a Trabajar a Zaragoza más de 1.500 euros.
«Esto -ha continuado- solo se lo puede plantear alguien que no vive en este momento, alguien que no sabe que estamos en pandemia; solo lo puede plantear alguien que no sabe cuál es la situación de las familias en nuestra provincia, en la comunidad y en el país, que vive en otro mundo«.
Por ello, Celma ha exigido al Gobierno central que «baje a la tierra» y que «descubra cuál es el sacrificio que están haciendo las familias para salir adelante, la dificultad de los jóvenes para empezar a trabajar».
El dirigente popular ha asegurado que se van a desplazar por todos los pueblos de la provincia afectados para que «no les quiten ni un duro de sus bolsillos» porque «lo siguiente será que nos quiten todo el dinero a las familias y nos den lo que les sobra, después de habérselo gastado en chorradas», ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que, «como siempre», estarán «con el pueblo y con la gente que lo pasa mal».
CALLE A CALLE
En este sentido, el PP va a presentar mociones en las diversas instituciones aragonesas para rechazar la aplicación de gravámenes al uso de la red de carreteras del Estado. En el último pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, celebrado este miércoles, ha conseguido el apoyo de todos los grupos, a excepción del PSOE, que se ha posicionado en contra.
El portavoz del Partido Popular en Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en el Parlamento autonómico, Joaquín Juste, ha declarado que, ante esta posibilidad, en abril presentaron una iniciativas para que las Cortes rechacen dicho cobro porque «son infraestructuras que están pagadas ya».
A su juicio, «sería una doble imposición y ya pagamos muchos impuestos relacionados con el transporte, el vehículo y la carretera. No es un impuesto a los ricos, sino a la gente». Asimismo, ha señalado que este pago «injusto» se suma al «déficit» de infraestructuras que sufre la comunidad aragonesa. Por ello, Juste ha indicado que «hay que gestionar mucho mejor».
Por último, ha sentenciado que es una medida que desincentivará la actividad económica: «De este modo no damos ninguna ventaja. Si paran los autónomos, desincentivamos la actividad económica, no recaudamos y nos empobrecemos y a eso nos va llevar este Gobierno, a la absoluta pobreza».