Quince miembros de una red dedicada al tráfico de drogas aceptaron ayer en la Audiencia de Huesca ser condenados a penas que oscilan entre un año y seis meses y cuatro años de prisión como responsables de un entramado dedicado a la distribución de cocaína en Huesca.

Las condenas han sido pactadas previamente entre el representante fiscal y los letrados de la defensa, con sustanciales rebajas de condena para los acusados, que se enfrentaban inicialmente a penas de 5 y 6 años de prisión por presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal. Fuentes judiciales reconocen que «las rebajas de penas son insólitas en la provincia».

Otro de los acusados, al que se le imputaban, además, delitos de lesiones, resistencia y atentado a la autoridad, ha visto rebajada su petición de condena de 10 a 3 años de prisión.


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Para rebajar las penas solicitadas, el ministerio público ha pasado a considerar a algunos de los acusados cómplices en lugar de autores del delito de tráfico drogas, ha aplicado a otros atenuantes de drogadicción y ha valorado en el resto el hecho de que la cantidad de droga incautada no era relevante.

El acuerdo ha sido rechazado por una de las acusadas supuestamente implicadas en los hechos denunciados, que será juzgada en solitario la próxima semana en la Audiencia de Huesca.

Según ha explicado a los medios de comunicación el letrado de varios de los acusados, el abogado zaragozano Javier Notivoli, el acuerdo ha permitido a la administración de justicia evitar un juicio cuya duración prevista se estimaba en dos semanas.

Notivoli ha explicado que algunos de los acusados verán suspendida su condena al situarse por debajo de los dos años, mientras que otros podrían beneficiarse de la atenuante de drogadicción y del proceso rehabilitación iniciado para eludir la prisión.

Los procesados son nueve hombres y siete mujeres de 19 a 50 años de edad, diez de los cuales proceden de la República Dominicana y el resto de Brasil, Argelia, Marruecos, Castellón, Lérida y Huesca.

Los hechos aceptados por los acusados señalan que la droga era transportada a Huesca por miembros de la red oculta en el interior de vehículos en los que habían habilitado el hueco del airbag, que se abría mediante un dispositivo escondido bajo la palanca del cambio de marchas.


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Los integrantes de la red fueron detenidos en diversas operaciones llevadas a cabo entre los meses de febrero y agosto de 2015, tras ser identificados en las distintas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente.

En total, los agentes policiales incautaron alrededor de 300 gramos de cocaína, 250 de ellos en un único registro llevado a cabo en marzo de 2015 en un piso de Huesca, así como un kilo de cafeína para cortar la droga, 102 gramos de cannabis y 22.000 euros en metálico. La últimas detenciones se llevaron a cabo el 3 de agosto en un control policial habilitado en la autovía A-23, en Almudévar, para interceptar un transporte de droga.

El acusado que conducía el vehículo esquivó a los agentes y continuó su camino hasta el pequeño núcleo de Yéqueda, donde realizó una maniobra evasiva para tratar de huir antes de ser detenido por los agentes participantes, uno de los cuales resultó con lesiones leves debido a la resistencia ejercida por el sospechoso