El gobierno de Lambán no tiene pensado recapacitar en materia fiscal. De hecho, así lo aseveró el Consejero de Hacienda del Gobierno, Fernando Gimeno, en las Cortes de Aragón. El urdidor de las cuentas públicas reconoció que -durante el 2018- el Ejecutivo no modificará los impuestos.

Es más, el Consejero de Hacienda reconoció que la reforma fiscal de 2016 -la criticada ahora por oposición y movimientos sociales- fue «muy suavecita». Junto a ello, Podemos añadió ayer al debate su defensa de la situación actual del impuestos de sucesiones.


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Según adelantó el partido morado, durante el debate, el único impuesto a modificar es el de Contaminación de las Aguas (ICA). Y defendieron la vigencia del de Sucesiones por ser un impuesto «progresivo».

DIVISIÓN

Los grupos de la izquierda y la derecha en las Cortes de Aragón evidenciaron ayer -en el Pleno de las Cortes de Aragón- sus diferencias respecto a la política fiscal del Gobierno, que la oposición insta a modificar.

El portavoz del PP, Antonio Suárez, acusó al ejecutivo de mantener, en 2016 y 2017, a Aragón «a la cabeza» en subida de impuestos y de aplicar una carga fiscal que no favorece la atracción de empresas a la comunidad, además de desoír el «clamor» existente para que cambie esta política.

En este mismo sentido, Javier Martínez, de Cs, insistió en que el Gobierno de Aragón va a recaudar 200 millones de euros más por el impuesto de sucesiones, unos 50 más de los previstos, que «no pagan los que más tienen».

Martínez indicó que el gobierno utiliza el dogma «de la izquierda rancia» que dice que la política fiscal «no se puede utilizar para estimular la economía». «Lambán no puede hacer nada con Sucesiones porque tiene que conceder a Podemos el impuesto de contaminación de aguas», sentenció.

Desde el PAR, Elena Allué aseguró que las comunidades autónomas no quieren debatir para armonizar la política fiscal «porque ya han actuado y bajado los impuestos».

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«Los dioses del socialismo han dejado solo al señor Lambán«, enfatizó Allué, quien aseveró que el presidente de Aragón, en materia fiscal, actúa como «el pirómano» que provoca el incendio para que luego los bomberos de las otras comunidades «lo apaguen».

«NO SE PUEDEN BAJAR LOS IMPUESTOS SIN UNA ALTERNATIVA»

El Consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró que sí se está debatiendo con otras comunidades autónomas un sistema tributario «global» y que tanto el Estado como las regiones coinciden en que tiene que haber más ingresos, y ha asegurado que «no se pueden bajar los impuestos sin una alternativa al sistema mientras no haya déficit cero».

Y defendió la política fiscal llevada a cabo por su gobierno como necesaria para afrontar el pago de los servicios públicos, «para lo que hacen falta ingresos».

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) criticó a PP, PAR y Cs por «reincidir en este tema porque se ha acabado el ‘chollito’ de la concertada y hay que buscar nuevos nichos de semillero electoral», y calificó de «rosácea» la reforma emprendida por el Gobierno de Aragón.

Briz consideró además que los presidentes socialistas de Extremadura y Andalucía han modificado su política fiscal «porque se acomplejan con las elecciones que se acercan».

Héctor Vicente, de Podemos, lamentó el «cinismo y las tergiversaciones» del PP cuando asegura que el impuesto de Sucesiones «tiene que ver con gravar a las empresas» y ha hecho un llamamiento a la coherencia, porque no se pueden reclamar carreteras, colegios y hospitales «y encima clamar cuando la comunidad autónoma incumple el déficit».

Desde el PSOE, Alfredo Sancho señaló que los servicios públicos se están recuperando con la política fiscal que aplica el Gobierno, apuntó que el problema de la fiscalidad son los ingresos y ha insistido en que Aragón «no está en cumplimiento del objetivo de déficit».