El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, podría haber incurrido hasta en cinco posibles delitos penales durante su etapa como presidente de Ecociudad. Al menos así lo aprecia el letrado de la sociedad municipal mediante un informe jurídico demoledor al que ha tenido acceso este periódico.

Según el texto, a Pedro Santisteve se le puede imputar los delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos públicos, mobbing al gerente de la empresa pública y falsedad documental.

La presidenta de Ecociudad, María Navarro (PP), precisa que está en la obligación de trasladar el informe a la Fiscalía para que actúe según corresponda.


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Por otro lado, el letrado de Ecociudad señala también a los concejales de ZEC Alberto Cubero y Teresa Artigas por los delitos de prevaricación y acoso laboral. Ambos concejales también formaban parte de la sociedad municipal durante la etapa que la gestionó ZEC.

EL CASO ECOCIUDAD

El informe elaborado por el letrado de la sociedad municipal se elaboró al finalizar la comisión de investigación que apuntaba posibles delitos de ZEC durante su gestión en ésta. La citada comisión se inició tras la sospecha de posibles irregularidades del gobierno de Zaragoza en la depuradora de La Almozara.

La empresa que gestionaba la depuradora debía practicar una serie de mejoras por un coste de 220.000 euros. Según apuntó ZEC, tanto la empresa como la sociedad municipal -Ecociudad- habrían falsificado un informe que justificaba la no realización de esas mejoras.

Por ello, el gobierno de Zaragoza emprendió una investigación en la que terminó con el alcalde Santisteve entregando los posibles indicios de delito ante la Fiscalía. Mediante dicha investigación hubo cinco imputados, entre ellos el gerente de Ecociudad Miguel Ángel Portero. Sin embargo, la causa se archivó.

UN INFORME DEMOLEDOR

El letrado de Ecociudad, José Antonio Sanz Cerra, relata en su informe que debía haber sido el Consejo de Administración de Ecociudad quien iniciara el expediente de información reservada, y no el alcalde Pedro Santisteve de manera unilateral. Reconoce el letrado que Santisteve no tiene la potestad de realizar dicho movimiento.

Alberto Cubero, señalado por posibles delitos penales / AZ

El expediente en cuestión se inició porque tanto Teresa Artigas como Alberto Cubero -ediles de ZEC- denunciaron públicamente que se certificaron unas mejoras en la planta de depuración en una reunión secreta. Dicha reunión nunca se celebró, y las mejoras se realizaron de manera justificada en otras necesidades de la planta.

A su vez, el letrado relata que la decisión adoptada para iniciar el expediente de información reservada no se incluye «ningún tipo de actuación probatoria«, ni se ofrecen datos concretos que avalen dicha acusación. E incluso se detalla que ZEC no hizo «ningún esfuerzo de contraste de los hechos».


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Es más, el letrado señala que ZEC ocultó un informe del jefe del departamento de Infraestructuras donde se certificaba que las mejoras negadas por ZEC se habían realizado como afirmaba el gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero.

UNA POSIBLE QUERELLA

Los delitos de prevaricación, acusación y denuncia falsa y ocultación de documento público que señalan a ZEC -Santisteve, Artigas y Cubero-, según el letrado de Ecociudad, «no pueden ser explicados en términos de razonabilidad, un resultado claramente injusto: la atribución de un delito a cinco personas por unos hechos que no eran ciertos y que fueron sometidos a investigación judicial».

Además, asegura el asesor jurídico que «se tenía clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad con la que se actuaba» ocultando informes.

Desde ZEC, fuentes consultadas por este periódico, no han querido entrar a valorar el informe publicado. Tan sólo reconocen que es un informe «de parte», así como que la posible querella impulsada por Ecociudad consideraron que «no es el momento».