La asociación Aragón Despierta ha instado a las administraciones a alcanzar un acuerdo con el sector bancario con el fin de combatir la exclusión financiera del medio rural, agravada con los últimos cierres de oficinas y, «en el mejor de los casos», sustituidas por cajeros automáticos o banca ‘online’.
Se trata, según la entidad, que ya ha solicitado al Banco de España un informe técnico sobre el que trazar propuestas y sugerencias, de una «nueva forma de discriminación o exclusión» en el medio rural, agravada por la brecha digital.
Según cifras de finales de 2019, el 2,7 % de la población española (1,249 millones de habitantes) carecía de oficina bancaria en 2017, según los datos publicados por el Banco de España, de los que se desprende también que 413 municipios aragoneses no la tienen.
Un hecho que, denuncia Aragón Despierta, perjudica gravemente a la vida diaria de los aragoneses que optan por su residencia en los pueblos y provoca además un «output» en la lucha contra la despoblación. «Sin servicios, es imposible fijar población», advierten.
En opinión del portavoz de Aragón Despierta, José Luis Arambillet, los cajeros automáticos tampoco son una solución adecuada dado que numerosas gestiones requieren la presencia de una persona y tampoco los servicios ‘online’ debido al envejecimiento de la población aragonesa en el medio rural y la brecha digital que existe en estos ámbitos, a lo que se suman las deficientes coberturas telefónicas.
Según esta entidad, «la verdadera solución» pasa por el compromiso del propio sector bancario, así como por el apoyo de las diversas instituciones públicas que operan en el territorio.
«El propio sector bancario debe de ser capaz de dar a conocer su propia responsabilidad corporativa, colaborando con las administraciones en el establecimiento de servicios bancarios en el territorio, sin tener en cuenta únicamente la valoración económica o mercantil«, reclama la organización, que recuerda el rescate del sector con dinero público.
No obstante, reconocen que este sector «tampoco debería encontrarse en plena soledad en esta tarea», sino que las administraciones públicas «deben colaborar en la medida de sus posibilidades en esta labor».
Es por lo que reclama el compromiso de administraciones públicas y sector bancario, y al Banco de España un informe sobre la evolución de los servicios bancarios en las zonas rurales y la continua supresión de oficinas físicas en las mismas, y su incidencia sobre el derecho de acceso a este tipo de servicios por parte de esta ciudadanía.