Todo empezó en el año 2016. Forestalia, una compañía tenía menos de 100 empleados en ese año, resultó ganadora en las grandes subastas renovables de 2016 y 2017 frente a gigantes como Endesa o Naturgy. En el sector nadie lo entendía. Posteriormente, Forestalia decidió vender los permisos de generación de energía renovable a otras compañías como Repsol, BP o el fondo Bruc Energy. Esta forma de actuar siempre ha hecho que se plantee a Forestalia como una empresa que intercambia permisos administrativos más que el negocio a largo plazo de desarrollos industriales.

Sin embargo, Forestalia también tejió un alto volumen de relaciones empresariales con personas vinculadas a la administración aragonesa relacionada con el Medio Ambiente. Así lo hizo con el exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné Pueyo, o el exviceconsejero del ramo, Luis Marruedo y con la jefa de gabinete de la consejería de la época, Ana Cristina Fraile, a través de la empresa VIADOS SL.

O que dos de las concesionarias que fiscalizan estos proyectos de renovables para la comunidad aragonesa tengan una vinculación estrecha con Forestalia: las empresas Satel y Calidad y Estudios, trabajan a la vez para el Gobierno aragonés y para Forestalia. Es más, los informes que elaboran estas compañías contradicen en ocasiones los pronunciamientos previos de los técnicos de Medio Ambiente que rechazan algunos proyectos. Estos funcionarios han reconocido públicamente que han sido purgados y señalados por el Gobierno de Aragón ya que en ocasiones han rechazado los macro proyectos de renovables por ser inviables medio ambientalmente. Y más tarde han sido aprobados.

Por todo ello, el PP de Jorge Azcón ha asegurado que llegará hasta el fondo de esta cuestión y no descarta ir a la Fiscalía para que esclarezca toda la nube de presuntas irregularidades y tratos de favor a Forestalia por parte del gobierno aragonés.