El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha asegurado que el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 refleja las «prioridades» del Gobierno autonómico «con bastante precisión» y, en general, le gusta «mucho». Las cifras que aparecen «responden a los convenios y acuerdos» que el Ejecutivo aragonés «viene haciendo» con el de España, «sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez», ha agregado.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras inaugurar un nuevo espacio dedicado al arte gótico del Museo de Zaragoza, Lambán ha subrayado que el Ejecutivo regional ha mantenido una «interlocución real» con el Gobierno de la nación, de forma que cuando otros «se atribuyen potestades y poderes en la definición de los presupuestos, juegan en terrenos absolutamente de ficción».
Ha añadido que si bien un gobierno autonómico «no puede estar de acuerdo al cien por cien con los PGE porque siempre existen flecos y problemas por resolver«, ha considerado que lo importante es la ejecución de las partidas y desde el Gobierno de Pedro Sánchez «se están impulsado las inversiones en Aragón en materia ferroviaria, carretera y en otras». A colación, el presidente autonómico se ha mostrado «tranquilo» porque los ritmos de ejecución «son importantes y no hay un solo proyecto, incluida la política hidráulica, que quede fuera de estos PGE».
Lambán ha mencionado también la partida consignada para las ayudas estatales de finalidad regional de Teruel, Cuenca y Soria, con la que ha considerado que se da la razón sobre «la manera en que ha de enfocarse el combate contra la despoblación, para recuperar la España rural, la España abandonada».
Esa partida, ha recordado, es fruto de la petición para las provincias españolas de Soria, Cuenca y Teruel de que sus empresarios puedan subvencionar el 20 por ciento de los costes laborales, ayudas que se justifican en una densidad demográfica por debajo de 12,5 habitantes por kilómetros cuadrado.
EL ESCOLLO DE LAS ‘AYUDAS UE’
En febrero de 2019, el Gobierno de Aragón pidió al Tribunal de la Competencia estudiar si determinadas ayudas que la Unión Europea otorgaba a provincias del norte de Europa por razón de su despoblación eran aplicables a la provincia de Teruel.
Tras obtener una respuesta positiva, el Ejecutivo aragonés solicitó al Gobierno de España esas ayudas, «cuando algunos no habían ni siquiera salido a la luz pública como partidos políticos» y tras las elecciones de mayo de 2019, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de Aragón, Mayte Pérez, planteó esta cuestión en la UE, «que es quien tiene que aprobarlas para que el Gobierno de España las pueda dar sin incurrir en la ilegalidad de considerarlas ayudas de Estado», ha relatado Lambán.
Además, ha añadido, al final de la primera fase de la pandemia del coronavirus se celebró en Soria una reunión entre los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y los tres se dirigieron al de España, si bien también constataron «que o lo movíamos los gobiernos autonómicos o no lo movía nadie».
Volvieron a Europa, se acogieron a estudios de consultoras de Noruega elaborados sobre las ayudas para el norte de Europa y «fuimos a Bruselas», donde se reunieron con la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, «a la que convencimos y en abril de este año la UE aceptó que el Gobierno de España pudiera otorgar esas ayudas a estas tres provincias».
LA FÓRMULA CONCRETA
Lambán ha opinado que éste sigue siendo un asunto «difícil» en el que no han dejado de trabajar y los tres gobiernos autonómicos están buscando la fórmula con la consultora Garrigues para aportar al Gobierno de España «una fórmula concreta» que permita «materializar esas ayudas» que los PGE de 2022 contemplan. Ha enfatizado que Teruel «es una provincia que funciona como un tiro» en prácticamente todos los ámbitos de la economía y de la sociedad «y estas ayudas serán un revulsivo añadido».
Asimismo, Lambán ha remarcado que frente al problema de la España abandonada «no sirven declaraciones grandilocuentes, sino fórmulas concretas, como ésta», que, además, podría ampliarse a otras zonas de España, no necesariamente provincias, sino en ámbitos geográficos que reúnen ese requisito de una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.