El decreto ley que establece confinamientos perimetrales y restricciones para controlar la pandemia en Aragón tiene su contestación. Sin estado de alarma que ampare las medidas, el decreto ley necesario sale aprobado con los votos del cuatripartito que gobierna Aragón (PSOE, PAR, Podemos y Chunta) e IU. Y no cuenta con el apoyo de la oposición: la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP y de VOX. Este último incluso anuncia que lo recurrirá ante el juzgado de lo contencioso-administrativo.
El decreto ley que sí ha salido aprobado pese al rechazo de la oposición determina, entre otras cuestiones, el nivel de alerta 3 agravado con el confinamiento perimetral en los municipios de Calatayud y Jaca y en las comarcas de Campo de Borja, Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón y Cinco Villas, en concreto los municipios adscritos a las zonas de salud de Ejea de los Caballeros, Luna, Sádaba y Tauste. También determina la suspensión de fiestas patronales, verbenas y otros eventos populares hasta el 31 de agosto.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha explicado que este decreto modifica la ley 3/2020 que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la covid-19 en Aragón y se publicó en el Boletín Oficial de Aragón dos días antes de la finalización el pasado 9 de mayo del estado de alarma, y por tanto del toque de queda y los confinamientos perimetrales de la Comunidad.
Desde ese momento las comunidades han asumido la gestión de la pandemia desde una posición más protagonista, y Aragón dispone de sus propias herramientas para la contención de los contagios con una ley que aporta «certezas y seguridad en un momento de dificultades» en las medidas, la que ahora se modula con este decreto ley.
«Se abre por tanto una nueva etapa de gestión de la pandemia», para Repollés «más esperanzadora», pero todavía «inestable» que requiere «una cierta contención y responsabilidad», y para afrontarla, el Gobierno de Aragón publicó el 7 de mayo en el BOA este decreto y una orden de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinaria y modulación de medidas aplicables en la Comunidad.
Para Repollés, la gestión de esta nueva etapa tiene «una base sólida sobre la que construirse» con una ley que no ha sido recurrida, y a partir de ahora los confinamientos deberán convalidarse en las Cortes, mientras que las modulaciones de los niveles de alerta se adoptarán mediante órdenes. «Es un momento histórico y requiere una mirada amplia y generosa alejada del debate agrio y bronco», dirigida a proteger la salud de los aragoneses, desde la responsabilidad política, ha aseverado.
La ley aragonesa 3/2020 que permite decretar los confinamientos perimetrales o las restricciones de aforo, siempre con un decreto ley específico que avale qué medidas concretas, nunca fue recurrida en el Tribunal Constitucional por ningún partido ni por el propio Gobierno de España. Sin embargo, desde la oposición, Mar Vaquero, del PP, ha insistido en que la ley aragonesa para el control de la pandemia es inconstitucional al sustentarse en dos mentiras: que el Gobierno de Aragón puede decidir sobre derechos fundamentales de los ciudadanos «sin encomendarse a nadie» y decir que es incompatible proteger la salud y la vida sin limitar esos derechos, y es «inadmisible«, ha agregado, hablar de democracia y de estado de derecho cuando un gobierno pretende estar por encima de la ley.
Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha resaltado que su grupo siempre ha votado a favor de las medidas que persiguen salvar vidas y empleos, pero en este caso, su grupo no puede votar a favor de la convalidación de este decreto porque modifica una ley que no aporta la seguridad jurídica pretendida, habida de cuenta de las modificaciones que ya han adoptado, lo que ha hecho que, ha puesto como ejemplo, que el hostelero y hotelero tenga que hacer «un máster en leyes» y no sepan si puede abrir en interiores, cuáles son los aforos o si en las mesas se pueden ser de cuatro o seis personas.
Santiago Morón, de VOX, ha anunciado el voto en contra de su grupo, al igual que en su día hizo con la ley, al no estar de acuerdo con la eficacia sanitaria de los cierres perimetrales, que por contra suponen un impacto negativo a las poblaciones que los sufren y una grave restricción de derechos fundamentales, y aunque en su momento no recurrieron la ley, sí interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra las modificación recogidas en este decreto al entender que las comunidades no pueden acordar, fuera del estado de alarma, restricciones de derechos fundamentales con carácter general. Los cuatro grupos del cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR han apoyado la convalidación del decreto, al igual que el diputado de IU, Álvaro Sanz.