El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha entregado, cumpliendo el artículo 35 de su Ley reguladora, del Informe Anual de actividad correspondiente a 2019 al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, un año en el que se han iniciado 1.560 expedientes, fruto de las 2.452 quejas presentadas por los ciudadanos, colectivos o de oficio por el Justicia, 62 estos últimos.

El 2019 supone el primer ejercicio completo de gestión de Dolado, y segundo del que da cuentas a la ciudadanía aragonesa, a través de sus representantes en nuestro Parlamento, informa la Institución del Justicia en una de prensa.

Sin embargo, uno de los retos del actual Justicia de Aragón es la reclamación a las Cortes de Aragón de la modificación de la Ley del Justiciazgo que regula su oficio para dotarle de más autonomía e independencia respecto al poder político parlamentario.

UNA NUEVA LEY

La ley reguladora de la Institución data de 1985. En estos casi 35 años la Institución se ha puesto en marcha, consolidado y hoy goza de una buena salud y prestigio, pero no cabe duda que resulta necesaria una revisión y, en su caso modificación y adaptación de su ley reguladora, para su adaptación a los nuevos tiempos, desde la perspectiva de la experiencia adquirida a lo largo de los años y con la referencia de otras defensorías que han visto en los últimos años revisadas sus normas legales reguladoras.

Basta comprobar, a modo de ejemplo, que incluso existe una cierta discordancia entre las funciones que el Estatuto de Autonomía de Aragón otorga al Justiciazgo en su artículo 59.2, y las que se establecieron en sus días, en el artículo 2 de la citada ley 4/85.

Cabe traer en derecho comparado diversas normas reguladoras de otras defensorías, de entre las que destaca el proyecto de ‘Ley del Sindic de Greuges’ de la Comunidad Valenciana, que si bien no llegó a ser aprobado por cuestiones de elecciones a Cortes, se puede ver como el texto normativo referente en el conjunto del país.

Por todo ello, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, propone una recomendación para la modificación de la Ley que incluye: La adaptación total de la ley al Estatuto de Autonomía o la inclusión en la norma reguladora del total de competencias diseminadas en otras normas.

A su vez, como reforma más novedosa, regular la duración del mandato a los 7 años con carácter único del mismo sin posibilidad de renovación. Esto, instaurado en Cataluña, consigue una real independencia del titular de la institución y el no sometimiento a procesos de renovación con la carga de todo tipo que ello conlleva.

Por otro lado, el Justicia de Aragón recomienda la redefinición de las competencias en Tutela del Ordenamiento Jurídico Aragonés, centrándola en el Derecho Foral Aragonés; la garantía de permanencia institucional; la extensión de las facultades de supervisión de la actuación de empresas o la determinación de un sistema de obligatoriedad de cooperar con la Institución en sus investigaciones, incluso con un marco sancionador ante la negativa u omisión de respuesta; entre otros.

Una de las más destacadas es recuperar una de sus mas antiguas funciones: la de tomar juramento o al menos ser notario del juramento de los altos cargos de la Comunidad Autónoma, como en otros tiempos lo fue.

1612 EXPEDIENTES

Con el nuevo sistema de contabilidad de expedientes del que se dio cuenta el pasado año, se desprenden las cifras de gestión de la Institución en su competencia de defensa de derechos individuales y colectivos: 1.612 expedientes gestionados en este ejercicio que se han visto reflejados en 261 resoluciones, de las cuales solamente un 16 % fueron rechazadas por las administraciones destinatarias, han sido expresamente aceptadas un 52 %, quedando pendientes un 19 %, y archivadas sin respuesta un 13 %.

Igualmente, hay un notable descenso en el total de recordatorios de deberes legales a las administraciones, que desde la Institución se entiende como muy positivo y que responde al trabajo previo realizado junto a los gestores de las administraciones para lograr un dialogo fluido en la tramitación de los asuntos.

Como en el pasado Informe de 2018, no se publican en el Informe la totalidad de Sugerencias, habida cuenta de su publicación en la web de la Institución, y sólo recogen reseñas de aquellas sugerencias más destacadas bien por su valor jurídico o por la traslación en forma de derecho que puede suponer para la sociedad aragonesa en general.

En la defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa, desde El Justicia se han desarrollado mesas, iniciativas y actuación de mediación colectiva. La más destacada, iniciada en 2018 y desarrollada a lo largo de todo el año 2019 fue la “Mesa del Justicia sobre la Soledad No Elegida de Nuestros Mayores”.

De igual forma, pero con carácter de mediación, se constituyó la “Mesa del Justicia sobre Ocio Nocturno en Zaragoza” que se desarrolló y que tuvo como origen el gran número de quejas que de forma histórica ha venido recibiendo el Justiciazgo.