Los representantes de la escuela concertada – sindicatos y asociaciones – han comparecido en la mañana del lunes para exponer las causas que motivan la concentración programa para el martes. De manera unánime consideran el criterio del gobierno aragonés de reducir aulas una decisión «exclusivamente política».

José Luis Sampériz, representante de la Federación Educación y Gestión de Aragón, ha calificado la situación como una «agresión sin precedentes». Con gesto serio y tono crítico lanzaba una advertencia al gobierno aragonés ante una posible denuncia judicial. «Hasta que no tengamos una comunicación oficial no podemos adelantar lo que vamos a hacer», matizaba.

Además, Sampériz se ha mostrado preocupado por la incertidumbre generada en los padres cuyos hijos ocuparían las aulas en riesgo de desaparecer. «Intentaremos que no se vean inmersos en esa inquietud», continuaba.

De manera unánime consideran el criterio del gobierno aragonés de reducir aulas una decisión «exclusivamente política»

Desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Aragón afirmaban que «no es una confrontación con la escuela pública. Simplemente queremos que se respete la complementariedad». Miguel Ángel González, representante de dicha federación, defendía la coexistencia de ambos modelos al entender que «dará lugar a una mayor calidad educativa».

«La movilización no es solo de Zaragoza, es un problema que nos afecta a todos«, apuntaban desde la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. En la actualidad, según han informado en rueda de prensa los colectivos educativos, hay actualmente 109 colegios aragoneses que mantienen algún tipo de concierto con la administración.