El cobro del impuesto de contaminación de las aguas (ICA), de reciente imposición en Zaragoza tras años cobrándose en el resto del territorio aragonés, está generando una oleada de críticas desde distintos sectores sociales así como desde el gobierno de Zaragoza (Podemos e IU).

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha criticado duramente la actitud mantenida por el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) hasta el punto de calificar su posición de «incívica o desleal«.

En rueda de prensa, junto a la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA) Inés Torralba, el consejero ha presentado la campaña de promoción para el pago del impuesto ante «la campaña de confusión» que impulsa ZEC, o colectivos como RAPA (Red Pública del Agua) y la Unión de Consumidores.


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Olona ha recordado que es «absolutamente falso» que el ICA no sea un impuesto ecológico finalista para poder asegurar -según obliga una directiva de la Unión Europea- la depuración de las aguas residuales en Aragón. Por ello, ha asegurado que el cien por cien de lo recaudado irá a financiar la depuración y saneamiento de los ríos aragoneses.

LA INSUMISIÓN FISCAL

Según el consejero de Desarrollo Rural, es «inaceptable» que desde los colectivos citados se llame a la insumisión fiscal de un impuesto «solidario» recogido en la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que fue aprobada en 2014 por unanimidad en las Cortes de Aragón. A su vez, ha criticado abiertamente al gobierno de Zaragoza en Común.

Entiende Olona que la carta enviada por el alcalde Pedro Santisteve para informar del cobro del impuesto junto con la posición política en contra del mismo por parte de ZEC supone «la deslealtad más absoluta con el Gobierno de Aragón«. Es más, considera Olona que Santisteve consiguió «confundir a los ciudadanos situándose en la frontera de la ilegalidad«.

Concretamente, según ha aclarado el consejero Olona, «los primeros recibos se están pagando con normalidad» en la ciudad de Zaragoza. Junto a ello, considera Olona que «es el Ayuntamiento quien aconseja que se retrase el pago pudiendo ocasionar sanciones a los ciudadanos«.

La campaña informativa presentada para explicar el cobro del ICA se ha visto empañada por la polémica suscitada por el Ayuntamiento de Zaragoza al criticar que la capital aragonesa deba pagar dicho impuesto. Desde ZEC, entienden, que es «un impuesto injusto, todo un saqueo a los zaragozanos, que ya han pagado de su bolsillo la depuración de sus aguas».

Según ha informado la directora del IAA, Inés Torralba, a preguntas de los periodistas, la campaña de publicidad sobre el pago del ICA ha costado, en su diseño, poco más de 8.000 euros. Y junto a ese gasto, deberá sumarse la difusión en medios de comunicación.

Torralba ha entendido que la campaña está dirigida a Zaragoza con «un mensaje claro y un texto sencillo con dibujos que explican el ciclo urbano del agua».

«LA CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN»

El consejero Olona, visiblemente afectado por la polémica suscitada durante los últimos días, espera que termine «la ceremonia de la confusión» iniciada por la órbita de Podemos. Sin embargo, la presión sobre el impuesto de contaminación no ha hecho más que empezar.

Según ha podido saber este periódico, la patronal -CEOE Aragón y Cepyme- convocarán el próximo jueves una comparecencia para pedir al Gobierno una revisión del impuesto e incluso una moratoria en determinados casos.

Junto a ello, se centra la crítica constante de Podemos Aragón sobre el conjunto del Plan Aragonés y Saneamiento de Aragón que impulsó el exconsejero Alfredo Boné (PAR) y que el Gobierno de Aragón planteó una revisión tras un informe de la Cámara de Cuentas criticando su finalidad y la el procedimiento de concesión.


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Precisamente, el citado informe indicaba que sin el cobro del ICA en la ciudad de Zaragoza no podría seguir adelante la financiación de las obras de saneamiento y depuración en el resto de municipios aragoneses.

Es más, Podemos centrará su crítica al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración en una batería de preguntas al Gobierno de Rajoy en los próximos días. El diputado de la formación morada, Pedro Arrojo, instará a la ministra García-Tejerina a que informe sobre el destino de los 140 millones de un convenio firmado por el Gobierno central y el aragonés para financiar parte de las obras del citado plan de saneamiento.

Según dictaba el informe de la Cámara de Cuentas, se destinaron para otro fin distinto a la financiación de obras de saneamiento y depuración. En los próximos días, para más inri, se constituirá una comisión de investigación -promovida por Podemos- en las Cortes de Aragón para poner los puntos sobre las íes respecto al plan de saneamiento por sus múltiples agujeros millonarios o lagunas jurídicas.