La ley de capitalidad ha superado hoy su primer trámite parlamentario al haberse aprobado en el pleno su toma en consideración y haberse rechazado la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que defendía el PP, solo respaldada por el PAR y que la izquierda ha calificado de «tramposa«.

De este modo, el proyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón continúa su tramitación parlamentaria con el análisis en ponencia y comisión de las 247 enmiendas parciales presentadas por el PP (157), el PAR (54) y Ciudadanos (36).


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El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha defendido ante el pleno el proyecto de ley, pactado el pasado mes de marzo entre el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el jefe del ejecutivo autonómico, Javier Lambán, tras un año de negociaciones y diez después de que la reforma el Estatuto de Autonomía incluyera en su articulado la obligación de promulgar una ley de capitalidad.

LAS SINGULARIDADES DE ZARAGOZA

De «histórico» ha calificado Guillén este acuerdo que «contribuye a la normalización de las relaciones» entre dos instituciones que «no es bueno» que «vivan de espaldas».

La ley propuesta, ha agregado, potencia una visión de Zaragoza integrada con el resto de Aragón y su integración en el entramado institucional de la comunidad, al tiempo que reconoce sus singularidades sin caer en el trato privilegiado.

El diputado del PP Miguel Ángel Lafuente ha sido el encargado de exponer los argumentos de su grupo para rechazar la totalidad del proyecto, que supone una «claudicación» de Santisteve al haber rubricado un texto «infinitamente peor» que el que trató de impulsar la pasada legislatura la popular Luisa Fernanda Rudi sin éxito, a pesar de que entonces los grupos municipales habían pactado un texto.

El PSOE, ha lamentado Lafuente, ha «variado totalmente el rumbo» y ha impulsado un texto «oscurantista» al haber «anulado» a los grupos municipales del Ayuntamiento e, incluso, al haber rechazado someter al proyecto al proceso de participación anunciado.

El proyecto pactado por Lambán y Santisteve recoge un compromiso financiero de 21,5 millones de euros, de los que 8 se transferirán al Ayuntamiento cuando se apruebe esta norma y 13,5 están consignados en los presupuestos de 2017.

El texto acordado por los grupos municipales en 2015, antes del cambio de gobierno, incluía un progresivo incremento de la financiación prevista hasta llegar a 50 millones de euros en 2021, mientras que el Gobierno de Rudi ofrecía 24.

El PP defiende en su enmienda un sistema de financiación «radicalmente diferente«, que sustituya a los ocho millones previstos por un fondo de capitalidad de 16 millones que se deberían incrementar progresivamente hasta alcanzar 20 millones en 2020. Y también que se devuelvan competencias que se le han quitado al Ayuntamiento.

PODEMOS TILDA DE «TRAMPA» LA INTENCIÓN DEL PP

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, se ha mostrado especialmente crítica con la enmienda del PP, que ha dicho que carece de «escrúpulos» y que responde a un intento de «hacer trampa», dilatando el proceso para que la aprobación de ley se retrase y el Ayuntamiento no reciba los ocho millones de euros vinculados.


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Al PP le ha reprochado que les siente «mal» que unos «novatos» como los concejales de Zaragoza en Común hayan conseguido algo que Rudi no consiguió ni siquiera después de hacer sido alcaldesa y presidenta del Gobierno.

También para Patricia Luquin la enmienda es una «pataleta» ante la imposibilidad que tuvo el PP de llegar a acuerdos en su tiempo y también ha estimado que se pretende «enmendar la capacidad de acuerdo de dos instituciones» y utilizar la técnica parlamentaria para retrasar la aplicación de la ley.

Ha denunciado la «injerencia absoluta» en la relación entre dos instituciones y ha concluido pidiendo un compromiso de ejecución de esta herramienta «fundamental» para mejorar la vida de los zaragozanos y aragoneses.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha reconocido por su parte que no le gusta ni la ley ni la enmienda, y ha censurado la falta de acuerdo para su redacción.

El socialista Darío Villagrasa también ha hecho referencia a Rudi que «ni de cara ni del revés» consiguió traer a las Cortes un texto normativo, y por eso ha achacado al «cargo de conciencia» de los populares la presentación de la enmienda. «Intentan afear un acuerdo histórico que podría ser mejorable pero que nunca se había conseguido», ha lamentado.

Finalmente, María Herrero (PAR) ha insistido en la ausencia de un proceso participativo para la norma