El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha sostenido que no existe «ningún conflicto de intereses» en el proyecto de unión de estaciones de esquí, en el Pirineo oscense, a través del valle de Canal Roya, aspecto que se ha tenido en cuenta en una iniciativa en la que el Ejecutivo está actuando con «plenas garantías jurídicas» y «de respeto y preservación absoluta del medio ambiente».
Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este lunes IU Aragón haya dado a conocer que ha decidido llevar a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude el proyecto de unión de estaciones al considerar que hay un posible conflicto de intereses puesto que la consejera de Economía del Gobierno autonómico, Marta Gastón, también es la presidenta del grupo Aramón.
Esto supone que quien está al frente de la empresa que impulsa el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) también forma parte del Ejecutivo que autoriza ese PIGA.
Lambán ha afirmado al respecto: «El Gobierno ese tipo de cuestiones las ha tenido en cuenta y tiene absolutamente claro que no hay ningún conflicto de intereses» y «no temo que se paralice el proyecto porque el Gobierno no está actuando de manera improvisada y frívola«, sino que todos los pasos que se están dando «tienen plenas garantías jurídicas, las van a seguir teniendo y, sobre todo, tienen plenas garantías de respeto y preservación absoluta del medio ambiente«.
El presidente de Aragón ha considerado que no tiene que decir a IU «lo que tiene que hacer», pero «ese tipo de cuestiones están absolutamente resueltas desde el principio».
Para Lambán, «todas las posiciones son respetables, pero desde luego lo que nosotros queremos hacer en el Pirineo no es ningún tipo de atrocidad, sino todo lo contrario, es una manera de consolidar un modelo económico que va a permitir que la montaña tenga vida y tenga actividad«.
IZQUIERDA UNIDA
La eurodiputada de IU, Sira Rego, y el candidato de IU a la presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, han explicado que el objetivo es que este órgano de fiscalización, vinculado a la Comisión Europea, estudie la «opacidad» en la gestión de este proyecto que consideran «más que fundada» y piden que sea auditado por la OLAF al tratarse de fondos europeos.
El pasado mes de enero se firmó un convenio en el que la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, pone de manifiesto que el impulso para este proyecto requiere de la participación de una sociedad privada, como es Aramón, porque «así lo dice la propia Gastón», que a su vez es presidenta de Aramón al estar participada al 50 por ciento por el Gobierno de Aragón.
Sanz destaca que Gastón es la «máxima defensora» de este proyecto como atestigua la aprobación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de este proyecto que justifica la aceleración de plazos y el proyecto en si está solicitado a su vez por Formigal, que es una de las empresas del Grupo Aramón, que ella preside.
Dicho PIGA se aprueba «pese al informe desfavorable» del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón y en las Cortes de Aragón, a preguntas de IU, «Gastón dice que no habrá duda, de que se llevará a cabo y no tiene marcha atrás» este proyecto de unión de estaciones de esquí, ha relatado Sanz.
A IU «le parece una temeridad cuando menos esa afirmación, además de falta de transparencia, falta de rigor y una posible situación de conflicto de intereses que la presidenta de la misma empresa que impulsa el PIGA, sea la que autorice ese PIGA en el ámbito del Gobierno de Aragón y sea además una de la más beligerante promotoras del proyecto».
«JUEZ Y PARTE»
Por su parte, la eurodiputada de IU, Sira Rego ha considerado que aparte del uso de los fondos «puede haber una contradicción» en la gestión de dichos fondos. «Viendo el cruce de intereses y la responsabilidad se ha trasladado a la OLAF el posible conflicto de intereses porque creemos que ser juez y parte en un proyecto de este tipo, al menos, puede generar conflicto de interés».
Una vez presentada la denuncia administrativa ante la OLAF, hay un plazo de 2 meses para que la oficina considera si la admite a trámite y luego el procedimiento habitual son 12 meses de investigación por lo que también se han pedido medidas cautelares para la «paralización del proyecto» y evitar el inicio de las posibles obras.
Sira Rego ha manifestado que si se determina un mal uso de los fondos europeos «se procede a la paralización de la asignación y sería, de facto, la paralización del proyecto y tendría carácter vinculante, pero primero se investiga y luego se da traslado a los estados miembros». Ha añadido que la OLAF tendría potestad para determinar si se hace un uso indebido y la consecuencia sería la paralización «de inmediato».