La bancada del Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) ha vuelto a escuchar las reprimendas de los grupos de la oposición, desde la izquierda hasta la derecha. Desde las críticas por la «inacción» del Ejecutivo, la «falta de rumbo», la «parálisis», o la «inestabilidad». E incluso, las acusaciones directas de Podemos por ser responsable de la deriva «negativa» de la comunidad aragonesa.
Podemos se ha desmarcado de su apoyo puntual al ejecutivo con la defensa de cuatro propuestas de resolución para reprobar a los consejeros de Hacienda, Fernando Gimeno; Economía, Marta Gastón; Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y Derechos Sociales, María Victoria Broto. Según ha defendido el partido morado, las reprobaciones se producen por ser «un freno» al modelo de desarrollo que pretende conseguir Podemos.
PODEMOS SE QUEDA SOLO
Las reprobaciones impulsadas por Podemos no han salido adelante al abstenerse la bancada del PP, PAR e IU, junto al voto en contra de Ciudadanos. El portavoz naranja, Javier Martínez, ha considerado «cómico» que la formación morada intente reprobar unas políticas de las que son «cómplices«, lo que hace que la estabilidad del ejecutivo autonómico «no vaya más allá de la de un tentetieso».
En línea parecida, María Herrero (PAR) ha advertido a los «pseudo-socios» del PSOE de que todo lo que se lleva a cabo en el Parlamento se hace con «su aquiescencia». Mientras que Pilimar Zamora (PSOE) ha considerado que detrás de las reprobaciones solo hay «titulares y la oportunidad del momento«.
La abstención de los populares también ha permitido que Podemos no consiguiera que las Cortes reprobaran «la instrumentalización que está haciendo el presidente del Gobierno de Aragón de los espacios institucionales para objetivos ajenos al interés de todos los aragoneses y aragonesas» ni la «falta de acción, liderazgo y proyecto al que ha sometido a Aragón el Gobierno de Aragón durante el 2017 por su inacción».
VAQUERO (PP) AVISA A LAMBÁN
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy el 78 por ciento de las 760 propuestas de resolución planteadas por los grupos como culminación del debate del estado de la comunidad -celebrado la semana pasada-, y entre las que no figuran las reprobaciones a cuatro consejeros que había pedido Podemos. Han sido aprobadas 584 resoluciones de las 760 presentadas, 211 de ellas por unanimidad.
Y eso que la portavoz del PP, Mar Vaquero, ha defendido en la tribuna que las «lagunas de gestión» del ejecutivo son mas «un océano» y ha lamentado su falta de «transparencia«. Vaquero ha advertido al presidente Lambán de que los populares «no van a ser un juguete ni el comodín de la llamada», y que el Gobierno no va a jugar con el PP como juegan «sus socios» de Podemos con él.
Vaquero advierte a Lambán de que el PSOE no va a jugar con el PP como juegan sus socios de Podemos con él
Román Sierra, por parte de Podemos, ha destacado el contenido de algunas de sus propuestas, como el vaciado de competencias de las diputaciones provinciales, la revisión del Pacto del Agua de 1992 o la prohibición de cualquier nuevo concierto educativo.
Para Podemos, al Gobierno «se le está haciendo muy larga la legislatura» y adolece de «falta de acción», por lo que solo puede esperar «vientos favorables» que, ha lamentado, a veces «le vienen desde la derecha».
«DESÁNIMO, DESCONFIANZA Y DESILUSIÓN»
Por el PAR, María Herrero ha llamado la atención sobre que lejos de estar en un momento de «apogeo», como correspondería al ecuador de una legislatura, el Gobierno transmite una sensación de «desánimo, desconfianza y desilusión«.
Desde Ciudadanos, Javier Martínez, también ha considerado que el ejecutivo «no tiene proyecto» y que está instalado en el «cortoplacismo» y sin ninguna intención de «sentar las bases de un Aragón próspero y moderno».
Las 40 propuestas de IU, ha dicho su diputada, Patricia Luquin, se encaminaban a poner en marcha un proyecto político «absolutamente de izquierdas«, con un cambio fiscal, del modelo productivo y de apuesta por la educación pública.
Carmen Martínez, desde Chunta Aragonesista, ha puesto el acento en reclamar al Estado una financiación adecuada, la culminación de las infraestructuras pendientes o una nueva política hidráulica que «no inunde valles y pueblos de hormigón».