El Tribunal Constitucional ha tumbado la mayoría de los artículos de la ley de ‘Derechos Históricos de Aragón‘ promulgada por el anterior ejecutivo aragonés (PSOE-CHA), hace apenas un año. El alto tribunal considera nulos, total o parcialmente, 23 de los 34 que completan la Ley.
En el momento de la promulgación de la Ley, el Partido Popular de Aragón en un inicio, como después el gobierno de Pedro Sánchez, decidieron recurrir la Ley al Tribunal Constitucional por carecer de validez constitucional en gran parte de su articulado.
Entre otros artículos, el Tribunal Constitucional rechaza de lleno que «Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento».
Otra de las negativas, declara el TC es que las administraciones aragonesas utilicen en sus normas, documentos oficiales o mensajes institucionales el término «Aragón, nacionalidad histórica«, y que esto se divulgue entre particulares o medios de comunicación.
Por otro lado, considera inconstitucional el carácter originario e imprescriptible de los derechos históricos del pueblo aragonés, dado que los harían «inmunes a la fuerza de obligar de la Constitución».
El TC también aborda, en su sentencia de 56 folios, la pretensión de la ley aragonesa de que la bandera autonómica ocupara un lugar preferente en los edificios públicos. Una decisión que, recuerda el TC en la sentencia, tan sólo puede ser fijada legalmente por el Gobierno de España.
En materia hidráulica, se descarta en la sentencia que Aragón deba considerar el agua como «patrimonio común de Aragón», debido a que la Ley aragonesa «desconoce» que todas las aguas superficiales del territorio español son «dominio público estatal».
Otro de los artículos de la Ley aragonesa que han sido rechazados por el Tribunal Constitucional es la reclamación aragonesa, mediante la citada Ley, de que tenga el derecho para recuperar todos los bienes aragoneses dispersos por otros territorios.
El texto promulgado por el gobierno PSOE-CHA aclara que «el pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio, y que por ello la Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para hacer realidad ese derecho histórico»
Y en especial, se matiza en la Ley aragonesa, «el regreso de, entre otros, los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el Museo de Lérida, Diocesano y Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados».