Jueves, 23 de Septiembre de 2021

El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha explicado que el 24% de los casos por ocupaciones ilegales, que han llegado al servicio de asesoramiento jurídico gratuito en el primer semestre de 2021, se produjeron en el Casco Histórico; un 18% en el barrio de Delicias, un 13% en Torrero-La Paz, seguido de Las Fuentes con un 10% y San José con un 9%.

Así lo ha señalado durante la presentación, este martes, 20 de julio, de los datos del último semestre del servicio de asesoría legal gratuita para los afectados por la ocupación ilegal. Serrano ha anunciado también la publicación de una guía sobre ocupación ilegal que se va a poner a disposición de los ciudadanos desde el consistorio. La asesoría legal gratuita para los afectados por la ocupación ilegal es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), y se puso en funcionamiento el pasado mes de enero con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.

El coordinador de la asesoría, Alberto Peiró, ha acompañado al titular de Urbanismo, y ha detallado las intervenciones realizadas en los seis meses de funcionamiento del servicio. Ha señalado que se han atendido 122 casos. De ellos, ha apuntado, “el 92 por ciento se han referido a viviendas, un 6 por ciento se ha tratado de edificios completos, y en un 2 por cierto hacían referencia a solares”.

Peiró ha enumerado además que “el 70 por ciento de los solicitantes de información son propietarios y un 25 por ciento son vecinos de comunidades de propietarios afectadas”. El 5 por ciento restante han sido casos en los que se han dirigido al servicio los propios ocupantes “que han sido derivados a otros servicios”, ha aclarado el coordinador.

Estos datos demuestran, ha afirmado el consejero municipal, que “la ocupación es un problema que afecta sobre todo a las personas y las familias más vulnerables“, y ha defendido la postura del actual equipo de gobierno municipal, por “revertir la percepción que se mantenía desde otros ayuntamientos de la ocupación como un derecho, que no existe en el ordenamiento jurídico”. Los resultados del servicio de asesoría, ha subrayado, “demuestran que no es un problema urbanístico o económico, sino social”.

En este mismo sentido, Serrano ha indicado que “en el 10 por ciento de los casos, en los que se ha detectado que la ocupación respondía a una situación de vulnerabilidad, la asesoría se ha puesto en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento para buscarles una solución habitacional”. Al mismo tiempo, el consejero municipal ha reclamado la colaboración de las administraciones competentes “en los campos en los que los ayuntamientos no tenemos competencias para intervenir, como es el tema del desalojo”.

Peiró ha comentado también que el 88 por ciento de las consultas se han realizado por vía telefónica, mientras que un 12 por ciento han llegado por canales electrónicos, de las cuáles algunas se acaban completando telefónicamente. En la tendencia registrada con el paso de los meses se ha observado también una reducción de los casos. Así, si en los primeros tres meses de funcionamiento de esta asesoría legal gratuita se registraron 86 casos, de abril a junio las consultas cayeron a
36 casos. Para Peiró es una consecuencia lógica, ya que en la puesta en marcha del servicio “llegaron muchas demandas que respondía a situaciones antiguas”.

Los resultados de este primer semestre, ha especificado el consejero municipal, “demuestran que existe un problema de ocupación ilegal que, si bien no es de grandes dimensiones, sí afecta a muchos zaragozanos y lo hace de una manera muy preocupante por el proceso legal y personal que les supone a los afectados enfrentarse a ello”.

Para una primera orientación en este sentido, se ha elaborado una ‘Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal’ en la que se explica en qué consiste la ocupación ilegal, como funciona el servicio de asistencia, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias correspondientes. Este documento será repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales.

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