El Parque de Atracciones de Zaragoza sigue insistiendo en su rigurosidad técnica y contable en el conflicto jurídico abierto que tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona la coalición PP-Cs. El gobierno liderado por Jorge Azcón le reclama la cantidad de más de 400.000 euros por considerar que se ha calculado erróneamente el canon de explotación, durante cuatro años (2016, 2017,2018,2019), por gestionar el Parque de Atracciones de propiedad municipal. Este pago del canon que reclama el Ayuntamiento se considera desacertado por parte de la compañía Parque de Atracciones S.A, que gestiona el empresario Jesús Morte, y por ello se planteó desde la compañía un recurso de reposición contra un acuerdo del propio gobierno de Zaragoza que reclamaba dicho pago. El Ayuntamiento, por su parte, el día 10 de febrero de este año, desestimó este recurso y acordó exigir el pago de la reliquidación del canon concesional a la sociedad que gestiona el Parque de Atracciones en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que suma un total de 423.762,47 euros.
La apreciación económica del Ayuntamiento para exigir el pago de dicha cantidad deriva de un informe jurídico elaborado por la Intervención municipal y que fue ratificado por todos los consejeros del Gobierno municipal al aprobarse en una sesión ordinaria de Gobierno. Cabe mencionar que, durante los cuatro ejercicios cuestionados, el Parque de Atracciones sólo abonó 16.119,94 euros. Fuentes del Ayuntamiento consultadas consideran que «se deben pagar más de 400.000 euros tras la revisión del contrato de concesión donde el cálculo era erróneo y la cuantía era ínfima». Este periódico informó el pasado 11 de febrero de la exigencia del Ayuntamiento por el pago citado a raíz del informe jurídico de la Intervención municipal. Fuentes del Parque de Atracciones, en declaraciones a este periódico, reconocen que se «está a la espera de un acuerdo judicial o extrajudicial con el Ayuntamiento».
A su juicio, «el Ayuntamiento ha tomado una decisión unilateral a la hora de resolver el expediente», y que desde el Parque de Atracciones no comparten «en absoluto». Consideran desde la compañía que la discusión jurídica estriba en la interpretación del pliego de condiciones. La empresa gestora del Parque de Atracciones no comparte el criterio del Ayuntamiento y ya ha decidido que irá a los tribunales. Por lo que el proceso se judicializará para determinar quién tiene la razón en el cálculo del canon variable de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
LA DISCUSIÓN JURÍDICA
En el aludido pliego de condiciones, que tiene más de medio siglo y es el más antiguo de la ciudad de Zaragoza, se establece que la compañía Parque de Atracciones S.A explota las instalaciones y a cambio debe pagar dos cuotas por ello, una fija y otra variable. La cuota fija que deben pagar cada año no está en cuestión, tal y como se firmó en 1974, corresponde a un pago de 721,21 euros al año. Por otro lado, es el canon variable el que ha abierto esta disputa jurídica. En el pliego de condiciones del contrato original se establece que la explotación debe corresponder con un pago al Ayuntamiento por el número de personas que acceden al recinto, contabilizado por número de entradas vendidas, y que no será inferior al 15% de lo que ingrese por este concepto. El Ayuntamiento considera que este canon variable está siendo mal calculado desde hace décadas pero sólo puede reclamar los ejercicios de 2016 a 2019 porque los anteriores están prescritos.
Según la compañía Parque de Atracciones, el reajuste que hace ahora el Ayuntamiento y por el que reclama más de 400.000 euros «nunca se había hecho alusión a que se liquidara de otra manera en más de 40 años. Y la discrepancia está en el cálculo del canon variable por un criterio de interpretación del pliego». Consideran que desde el Parque de Atracciones se atienen a lo que está estipulado en el pliego: «el Ayuntamiento de Zaragoza es quien hace la carta de pago y se hace de acuerdo con el artículo correspondiente del pliego», cuentan fuentes de la compañía. En cuanto a las dudas de cómo se calculaba este canon variable hace años, consideran desde el Parque de Atracciones que «habría que hacer un cálculo de lo que representaba los primeros 30 años de la concesión porque ni por asomo será la cifra que se dice».
En contra de estas afirmaciones, el propio informe técnico de la Intervención municipal insiste en que el dinero que se está reclamando “es el más favorable para la concesionaria”. Siguiendo el criterio reflejado en los informes técnicos de Intervención y de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico, el canon variable debería calcularse, al menos, en función de los accesos reales al Parque, que garantizan la actividad económica de la concesión, y por el importe real de la entrada en cada momento, con exclusión del IVA. Hechos los cálculos correspondientes, suman el global de 423.762,47 euros para los ejercicios citados (de 2016 a 2019)
Al margen de esta disputa jurídica sobre el canon variable y la interpretación de cada una de las partes por el vetusto pliego municipal, que ya está en manos de un juez para determinar quién tiene la razón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad Parque de Atracciones S.A tampoco se ponen de acuerdo sobre cuándo debe acabar el contrato en vigor para gestionar las instalaciones: ¿en 2022 o en 2024?