Lo que era un secreto a voces entre vecinos comienza a ser la mayor preocupación a día de hoy de la Policía para hacer cumplir la normativa sanitaria por la pandemia. Los pisos turísticos se han convertido en un lugar donde cada fin de semana se concentran varias decenas de jóvenes para organizar fiestas ‘clandestinas‘ y escapar de la normativa COVID que exige distanciamiento social.
Sin embargo, la Policía Nacional de la Brigada de Seguridad Ciudadana ya está empezando a activar más controles en las zonas donde se concentran estos pisos turísticos. Así ocurrió el pasado fin de semana, en la ciudad de Zaragoza, donde varias patrullas de la Policía Nacional desmantelaron dos fiestas ilegales que se celebraban en pisos turísticos. Las dos fiestas estaban en el mismo edificio destinado al turismo en pleno casco histórico de la ciudad.
Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas del domingo 7 de marzo, cuando una patrulla policial fue comisionada por la Sala CIMACC- 091 para que se dirigiera a unos apartamentos turísticos situados, donde al parecer varias personas que estaban pernoctando en los mismos estaban celebrando una fiesta. La llamada de los vecinos al 091 era clara: no se podía dormir por los ruidos, el ir y venir por el edificio y la música a un volumen elevado.
Los agentes procedieron a su llegada a intervenir ambas fiestas. Se encontraron la puerta abierta con más de 30 jóvenes en el portal del edificio esperando a subir a las fiestas donde se les había citado por Whatsapp. Alguno de ellos no conocía de nada a los promotores de la fiesta clandestina.
Los apartamentos turísticos estaban repletos de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y poco más de 20 personas. Concretamente, de todos ellos ninguno llevaba la mascarilla obligatoria ni había distancia de seguridad.
La Policía Nacional de la Brigada de Seguridad Ciudadana se dedicó a identificar a cada uno de ellos para proponerles una sanción por el incumplimiento de la normativa COVID. Según fuentes policiales, el modus operandi para poder tener acceso a la fiesta había sido organizado con el fin de lucrarse.
Cada persona que acudía a la fiesta clandestina tenía que pagar una cantidad de dinero por ‘entrada’ a la persona que había alquilado el apartamento. Lo que le permitía cubrir el coste del alquiler, la fianza impuesta por la propiedad del inmueble y un extra por los gastos derivados de la organización.
En este caso, y en la mayoría de ellos, la propiedad del inmueble destinado al alquiler turístico no tiene ninguna responsabilidad sobre la fiesta al no haber una normativa autonómica que lo precise.
Es más, no sólo entrega las llaves del piso sin conocer a todas las personas que pretenden disfrutar del inmueble, sino que se libra de la responsabilidad al obligar al inquilino a firmar un documento que asegure que no tiene previsto incumplir la normativa vigente por la pandemia.
Con esto, la propiedad del inmueble se garantiza que la responsabilidad caiga absolutamente en el arrendado. No procede a ningún control durante el tiempo que está el inquilino en la vivienda alquilada.
Fuentes de la Policía Nacional reconocen que hay más fiestas clandestinas que no se denuncian o no pueden entrar en el apartamento turístico sino hay una llamada vecinal por exceso de ruido. Por lo que, a día de hoy, la capacidad de actuación de la Policía ante estas fiestas clandestinas es limitada. Lo que permite que sea un agujero difícil de controlar para los agentes.
MÁS SANCIONES
El pasado fin de semana en la ciudad de Zaragoza se realizaron un total de 220 propuestas para sanción por el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, a las que hay que sumar 83 más por infracciones a la ley de seguridad ciudadana.
De éstas, hubo 67 de esas propuestas que se debían a reuniones sociales en las que se juntaban más de seis personas, siendo superadas únicamente por el incumplimiento del toque de queda, que superó las ochenta.
Más de medio centenar de las denuncias fueron motivadas por no portar la mascarilla o hacerlo de forma inadecuada.