La sentencia reciente de la Audiencia Nacional contra las obras de la presa de Mularroya es un revés judicial que desestabiliza una de las piezas del puzzle de la política hidráulica de Aragón. Y abre una cicatriz en el seno del Gobierno socialista de Javier Lambán que gobierna junto a Podemos, Chunta y PAR.
Los recursos de SEO Birdlife y de la Asociación Jalón Vivo estimados parcialmente por la Justicia contra las obras de la presa de Mularroya en el río Grío, el azud de derivación en el Jalón y el túnel de trasvase entre ambos cauces ha levantado una incertidumbre en todos los sectores. Los regantes ya alertan: esta decisión judicial puede suspender o trastocar notablemente una obra de 188 millones de euros que salvaría la zona.
Tras este tropiezo judicial, Podemos Aragón ya reclama al Gobierno de Aragón (del que forma parte) avanzar en el punto 94 del acuerdo de gobernabilidad que recoge la convocatoria de la mesa de diálogo para un nuevo Acuerdo del Agua en la comunidad.
Es uno de los puntos más sensibles en el acuerdo de gobierno por las diferencias que existen entre el PSOE y el PAR con Podemos y Chunta. Unos a favor de la política hidráulica de grandes infraestructuras y otros que buscan alternativas más sostenibles. En dos años de gobierno nunca se ha abierto este melón hidráulico.
La sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegales las obras del embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza, promueve que Podemos critique públicamente el plan considerando urgente esta mesa de diálogo para cumplir el «acuerdo de gobierno».
Sobre la sentencia, recuerda en un comunicado, que es la cuarta de una lista que comenzó a avisar ya en 2005 de los riesgos de los que numerosos geólogos, distintos colectivos y Podemos Aragón han denunciado durante años.
Podemos aboga por que deje de ser la Justicia la que ponga sentido «a despropósitos probados», como el ocurrido ahora con Mularroya, y reclama que sus socios del cuatripartito (PSOE;PAR y CHA) sean «valientes» y se aborde el problema del agua asumiendo la protección del medio ambiente, la sostenibilidad de los proyectos y evitando grandes obras que supongan un derroche de dinero público.
Por ello consideran urgente la convocatoria de esta Mesa que reúna a los agentes implicados en materia de agua y que también aborde, como recogía el acuerdo de gobernabilidad, las restituciones justas a afectados por embalses del Pacto de Agua, tanto los ejecutados como los no ejecutados.