Controlar el consumo de agua y la basura de los vecinos o instalar bloques de hormigón en los accesos son algunas de las medidas implantadas en localidades de todo el país, principalmente costeras, para evitar la llegada de visitantes a sus segundas residencias esta Semana Santa.
El éxodo a las playas y los pueblos de ciudadanos procedentes de las grandes ciudades fue un comportamiento especialmente reprobado al inicio de la pandemia y, aunque en la cuarta semana de confinamiento es algo prácticamente residual, las autoridades siguen apelando a la responsabilidad de todos en vísperas del Jueves Santo.
Los controles en las carreteras se han reforzado desde el pasado viernes para evitar esos desplazamientos, algunos municipios han pedido intensificar la vigilancia y otros han implantado sus propias medidas para cerrarse ante los visitantes.
EL BLINDAJE POR LOS TURISTAS
«Os encontraréis Calafell blindado», indicó el alcalde de esta localidad tarraconense, Ramon Ferré, donde, como en Peñíscola (Castellón), se han instalado barreras de hormigón en algunos de sus accesos como medida adicional a las habituales.
Alcossebre (Castellón) ha cortado «todos sus accesos» excepto la entrada principal a esta localidad costera de Castellón con gran cantidad de segundas residencias, y Benicarló (Castellón) intensificará los controles para evitar llegadas de propietarios de estas viviendas utilizadas en vacaciones con motivo de la llegada de la Semana Santa.
En Salou (Tarragona) también se ha decidido controlar el acceso a urbanizaciones mediante el consumo de agua, mientras que en Mont-roig del Camp, en la misma provincia, la Policía ha decidido recurrir a un dron para detectar vehículos que quieran esquivar los controles, la misma medida que ha tomado Gandía (Valencia).
LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS
A las peticiones de los ayuntamientos a sus vecinos de temporada para que esta Semana Santa se abstengan de visitarles, se unen también las de las fuerzas de seguridad y la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Guardia Civil ha recordado que incumplir las normas tiene «serias consecuencias» e incluso repercusiones penales en situaciones graves, y ha avisado de que los agentes serán «contundentes».
Incumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma puede acarrear desde multas de 100 euros, que se elevan de 601 euros a 30.000 si la infracción es grave, hasta una pena de tres meses de cárcel si se incurre en un delito de desobediencia y de cuatro años por atentado a la autoridad.
Las fuerzas de seguridad elogian cada día la disciplina de la gran mayoría de la población, pero no ocultan que sigue habiendo «irresponsables».
Son casos puntuales, reconocen responsables políticos y policiales de varios municipios de la provincia de Valencia, pero se está constatando la llegada de nuevos visitantes al detectar coches aparcados a las puertas de chalés, aumento de compras en los supermercados de determinadas urbanizaciones y más residuos en las papeleras del litoral.