El letrado de la defensa del antisistema Rodrigo Lanza ha reclamado este jueves la anulación de la sentencia que condenó a su cliente a 20 años de prisión por el asesinato, por motivos de odio e ideológicos, de Víctor Laínez en el conocido como crimen de los tirantes, y la celebración de un tercer juicio con jurado por estos hechos.
Este abogado, Endika Zulueta, ha formulado su petición en una vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para escuchar su recurso contra la sentencia condenatoria, cuyo contenido han impugnado la fiscalía y los representantes de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, la popular en representación de VOX y la del Gobierno aragonés.
El procesado, en prisión desde que ocurrieron los hechos, en diciembre de 2017, fue juzgado en noviembre de 2019 por un jurado popular, aunque el TSJA anuló la sentencia condenatoria a 5 años por homicidio imprudente por falta de motivación y contradicciones en el veredicto, lo que provocó que volviera a ser juzgado en septiembre del año pasado.
En su exposición, Zulueta ha argumentado que el veredicto no sólo fue «mal propuesto» y no fue suficientemente motivado por los miembros del jurado, sino que la propia magistrada que presidió el juicio actuó en todo momento con «parcialidad» en perjuicio de su cliente.
Tras advertir que «está en juego la imparcialidad de los tribunales», este letrado ha señalado que la magistrada fomentó una «predisposición» negativa entre los miembros del jurado, tanto en los comentarios hechos al inicio de la vista, cuando Lanza pasó esposado frente al tribunal, como en las interrupciones mientras usaba su derecho a pronunciar la última palabra.
En relación a este punto, ha hecho referencia a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que estima un recurso de amparo por violación del derecho fundamental de un encausado al uso de la última palabra, apuntando a los magistrados de la sala que el TSJA podría ser «el primer tribunal que va a tener que aplicar esta jurisprudencia».
Ha destacado a este respecto que la magistrada presidente del jurado interrumpió hasta doce veces al acusado para pedirle que se ciñera a los hechos, sin dejar exponer varias cuestiones referidas a su pareja y a su estancia en prisión.
El letrado, de forma alternativa, ha expuesto otros motivos de alegación a la sentencia para solicitar una disminución de la condena al entender que su cliente no tuvo intención de matar a la víctima ni quedó probado que fuera, además, por motivos ideológicos y de odio.
Antes de terminar, ha solicitado al tribunal que independientemente de la decisión adoptara, pusiera en libertad a su cliente, y que en caso de estimar su petición de nulidad, valorara la posibilidad de celebrar el juicio en otra comunidad autónoma al entender que la sociedad aragonesa está mediatizada con la imagen dada a Lanza.
Todos los representantes de las acusaciones han rechazado los planteamientos hechos por la defensa y han valorado tanto la labor «proactiva» hecha por el jurado para llegar al veredicto que fundamentó la condena por asesinato con agravantes de alevosía y de odio como la de la magistrada presidente del tribunal a la hora de dirigir el juicio.
Así, el fiscal ha cuestionado que el comportamiento de la magistrada hubiera podido influir en el jurado, y que fueron sus miembros los que llegaron a la conclusión de que si el acusado no tenía intención de matar, sí que fue consciente de que los golpes brutales que le propinó a la víctima mientras estaba inconsciente podrían causarle la muerte (dolo no directo sino eventual).
Una conclusión que a juicio del ministerio público se plasma en la propia «lógica interna» del veredicto y no en la actuación de la magistrada.
En similares términos se ha pronunciado el representante de la acusación particular, Enrique Trebolle, que ha considerado «impecable» la labor del jurado al concluir que Lanza «era consciente de poder causar la muerte de Laínez y por ello debe de responder».
Trebolle no sólo ha asegurado que el jurado motivó cada una de las 42 preguntas que le fueron planteadas en el veredicto, sino que si le paró en algún momento fue porque hablaba cuestiones ajenas a la causa como sus relaciones de pareja o la situación de las cárceles y de torturas.
El letrado de VOX, David Arranz, que ha insistido en las motivaciones ideológicas del crimen y en los antecedentes del acusado que revelarían «una ideología de ultraizquierda y okupa», ha asegurado a su vez que el derecho a la última palabra está «tasado» en cuanto al tiempo y al contenido del mismo.
Por último, el letrado del Gobierno aragonés, que se presentó en la vista como actor civil para reclamar el pago de los costes sanitarios de atención a la víctima antes de su muerte, ha pedido la inadmisión del recurso ya que se interpuso fuera de plazo.