El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y resiste las presiones de comunidades y partidos, incluidos algunos de sus socios, para que lo prorrogue o apruebe nuevas medidas que sirvan de paraguas jurídico a posibles restricciones.
Sánchez ha venido repitiendo en las últimas semanas que las decisiones del Ejecutivo ante la pandemia de coronavirus se han fundamentado en la evolución de los datos, y que los que hay en la actualidad y las previsiones para dentro de dos semanas avalan la intención de que el estado de alarma llegue a su fin.
«No hay ninguna componente electoral en esa decisión y el presidente seguirá pensando lo mismo antes y después de las elecciones de Madrid del 4 de mayo», aseguran fuentes del Gobierno ante las suspicacias de la oposición de que su negativa a prorrogar la alarma varíe una vez que se celebren esos comicios.
La situación es distinta en Aragón. Es la única comunidad que cuenta con una ley autonómica aprobada en las Cortes de Aragón con el apoyo de la mayoría, salvo por PP y VOX, que permite confinamientos perimetrales o restricciones en la movilidad sin el amparo de un estado de alarma.
A día de hoy, Aragón es libre para decretar restricciones a los derechos fundamentales según esta ley aprobada el pasado mes de diciembre. Esta nueva norma le da al Gobierno de Aragón cierta tranquilidad por si la pandemia se vuelve más crítica. Una situación jurídica que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, es una ley inconstitucional que no debería aplicarse a pesar de estar aprobada en las Cortes.
ESQUERRA SE ACERCA AL PP
El propio Sánchez dijo esta semana en conferencia de prensa en Andorra que todo indica que la curva de contagios se contiene, a lo que sumó un creciente ritmo de vacunación que asegura que permitirá cumplir con el objetivo de que en agosto esté vacunada el 70 por ciento de la población.
Pero ante la inminencia de que la alarma acabe, comunidades como el País Vasco vienen reclamando que se prorrogue ya que consideran que no hacerlo es, según palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, una «temeridad».
De acuerdo con la finalización de esa medida excepcional está el PP, pero cree necesario que, una vez que acabe, haya herramientas suficientes para que las autonomías puedan adoptar algunas limitaciones con garantías.
Por eso el líder de los populares, Pablo Casado, defiende aprobar lo que denomina un plan B jurídico mediante una proposición de ley que reformaría la ley de Salud Púbica de 1986 para que sea factible imponer restricciones a la movilidad sin decretar el estado de alarma.
Una iniciativa que ya fue tumbada por el Congreso en noviembre pasado con el rechazo, entre otros partidos, de PSOE, Unidas Podemos, Vox y ERC. La situación es distinta ahora, y algunos de los socios del Gobierno se acercan al planteamiento del PP.
Así, Esquerra, por boca de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, y otras formaciones como Compromís, EH Bildu, PDeCAT y Más País la ven con buenos ojos.
No opina lo mismo el Gobierno, y tanto Sánchez como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, han repetido en los últimos días que las comunidades cuentan ya con instrumentos suficientes para hacer frente a la situación y no necesitan nuevas herramientas legales.