En la explosión que ha vivido la desarrollo inmobiliario en Zaragoza en los últimos tiempos, con nuevas promociones a lo largo y ancho de la ciudad que se han vendido en tiempo récord (y las que están por venir), hay un detalle que no cuadra: ¿qué pasa con las viviendas de protección oficial?
Según el Plan de Ordenación Urbana, existen amplias zonas en la ciudad que son urbanizables y asignadas para la construcción de VPO. Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza está concediendo licencias para ello con la celeridad necesaria. Las promotoras y gestoras de cooperativas están interesadas en construir y comercializar y, como ha podido saber HOY ARAGÓN, existe interés de compra por parte de la ciudadanía.
Según fuentes del sector, el problema es el cuello de botella que se ha generado en la Dirección de Vivienda del Gobierno de Aragón, que está generando un tapón en las calificaciones tanto provisionales como definitivas, una documentación necesaria para poder comercializar este tipo de inmuebles y poder entregar las llaves.
El proceso es el siguiente: el Ayuntamiento de Zaragoza expede la licencia de obras y, con el proyecto, se solicita a la DGA la calificación de VPO, en la que el Ejecutivo indica el precio al que se tienen que comercializar las viviendas. El módulo para estas calificaciones fue actualizado el pasado mes de mayo, revisándose los precios máximos a 185.000 euros para los inmuebles de 90 m2.
Esta actualización supuso un acicate para las promotoras, que se lanzaron con mayor ahínco a presentar sus proyectos de VPO en distintos puntos de la ciudad, entre los que destacan el barrio de Arcosur, el Corredor Verde y la avenida Cataluña. Sin embargo, se están encontrando con el retraso en la concesión de calificaciones provisionales, sin las cuales no pueden comercializar oficialmente los inmuebles.
RETRASOS DE 15 MESES
Como indican distintas promotoras con las que se ha puesto en contacto HOY ARAGÓN, este procedimiento solía suponer unos 5 meses, sin embargo, en la actualidad hay proyectos de VPO que cuentan con licencia municipal y que llevan un año sin que la Dirección General de Vivienda dé respuesta. Se han dado casos en los que la espera ha sido de más de 15 meses.
Entre estas promociones licenciadas, muchas de ellas ya están apalabradas con los compradores, si bien, como se ha indicado, no puede oficializarse su venta hasta recibir la calificación provisional. Asimismo, las calificaciones definitivas, necesarias para la entrega de llaves, también están teniendo un retraso nunca antes visto.
Como indican distintos promotores, los más perjudicados son los compradores, generalmente familias jóvenes que inician su proyecto de vida y que están viendo truncados sus planes. Según informan, se repiten los casos de parejas cuya intención era ocupar estas VPO una vez casadas, y se están viendo obligadas a buscar alternativas como alquilar un piso tras la boda hasta que se resuelve la situación.
Las promotoras achacan este tapón fundamentalmente a la falta de personal en la Dirección General de Vivienda. En su opinión, se están destinando todos los recursos a los proyectos de alquiler social, cuando existe un mercado muy amplio de ciudadanos interesados en la adquisición de VPO. Asimismo, se quejan de que todos los trámites deben hacerse en papel o CD’s, sin poder gestionar los proyectos mediante medios telemáticos más propios de esta época.
Esta situación está impidiendo además que zonas como Arcosur se desarrollen urbanísticamente ahora que el sector inmobiliario ha tomado impulso. Después de muchos años languideciendo, se está perdiendo la oportunidad de que estas áreas luzcan por fin como estaba previsto que lo hicieran.