Nos encontramos en una situación de plena sequía, en concreto una de las peores que ha sufrido España. En cambio, somos el país europeo que más barreras fluviales está destruyendo con el objetivo de recuperar el curso natural de los ríos. La Asociación Ríos con Vida (AEMS) afirma que las barreras artificiales producen cambios físicoquímicos y rompen el curso ecológico de los ríos, alterando los flujos naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acuáticos como los peces, sobre todo en el escenario actual de cambio climático.

España cuenta con 1.225 grandes presas, a partir de 15 metros de altura o más de un hectómetro cúbico de capacidad. Es el quinto país del mundo y el primero de la Unión Europea en este tipo de obras, muchas de ellas gestionadas por empresas privadas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado que en esta década caducará la concesión de 30 de ellas que son competencia del Estado.

Cuando estos permisos llegan a su fin, la instalación revierte al Estado y este resuelve si se queda con su gestión, la vuelve a sacar a licitación pública o se derriba. Esto último es lo que ha pasado con la presa de Los Toranes en Teruel.

En 2017 se anunció que la concesión pública de la presa Los Toranes (sobre el río Mijares, en Teruel) a Iberdrola para su uso hidroeléctrico tocaba a su fin. En ese momento muchos de los vecinos no le dieron mayor importancia, la central llevaba toda la vida allí, desde 1943, y no pensaron que el desenlace pudiera ser el derribo. Así lo decidió el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre del año pasado con informes sobre la mesa como el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sostiene que su mantenimiento es «contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico» y su rentabilidad «dudosa».

La decisión del derribo de la presa desató entonces una fuerte polémica entre detractores y partidarios de la medida, que todavía se mantiene a día de hoy. Entre los contrarios a su desaparición se encuentran los alcaldes de los pueblos de alrededor como Olba (el más cercano, de 226 habitantes), Albentosa y San Agustín. El embrollo llegó hasta tal punto que el Gobierno de Aragón intentó declarar las instalaciones Bien de Interés Cultural. No lo consiguió porque se invadían competencias estatales.

La polémica ha dado pie a una visión de los problemas que genera eliminar este tipo de infraestructuras, un paso que se considera fundamental para recuperar el buen estado ecológico de los ríos como marcan las directivas europeas. Incluso en comarcas como esta, de población escasa y sin grandes superficies de regadío, la oposición es férrea.

Iberdrola deberá hacerse cargo de la demolición de la presa de Los Toranes, construida sobre el río Mijares a su paso por Albentosa (Teruel), y de las instalaciones asociadas, al desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso presentado por la compañía para que las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica revirtieran al Estado. De esta forma, Iberdrola habría evitado asumir los costes de las obras.

Los jueces consideran que «la demolición está perfectamente justificada» porque una vez que finalizó en 2018 el plazo de explotación (75 años desde el inicio de la concesión en 1943) otorgado por el Estado, se considera que la infraestructura es «inviable».

Además, advierten de que no se ha actuado de manera «arbitraria». Por el contrario, añaden, «consta suficientemente que no es viable su mantenimiento, luego la obligación de la demolición está perfectamente contemplada en la normativa citada«.