“Los mismos que no nos facilitaron los PCR nos mandan ahora a vigilar a positivos que se saltan su confinamiento”, así de claros se muestran los agentes de policía que, desde el sindicato JUPOL en Huesca, denuncian las limitaciones operativas que tienen por tener que vigilar durante 14 días las 24 horas al día a una familia que protagonizó el pasado fin de semana un altercado en el hospital San Jorge al solicitar, uno de sus miembros, el alta voluntaria estando diagnosticado de neumonía por COVID-19.

Al vulnerar su derecho fundamental a la libertad de movimientos recogido en el artículo 19 de la Constitución, la autoridad sanitaria ha buscado el apoyo judicial de una juez de Huesca que, a través de una resolución del pasado 17 de julio apoyada por el ministerio fiscal ha solicitado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la familia de C.G.G, tres mujeres y un hombre, todos ellos confirmados como positivos por COVID-19, se mantengan aislados y confinados en su domicilio.

“Es una vigilancia similar a la que hacemos ante un caso de evidente riesgo por violencia de género y eso requiere personal y turnos. Así, el tiempo que estamos aquí de guardia no podemos apoyar a otras unidades si sucede algo”, explican desde JUPOL.

¿Y SI HAY MÁS CASOS?

Los agentes entienden que aquellas personas que no respeten los protocolos médicos, sanitarios e higiénicos para evitar la propagación de la enfermedad tengan que ser confinados por ley y obligados a guardar la cuarentena pertinente pero no aceptan que con ellos se merme la labor policial.

“Tendría que haber un protocolo establecido por las autoridades sanitarias para estos casos. Porque, ¿y si ahora hay tres familias más que se niegan a confinarse? ¿Tendríamos que estar también vigilándoles a ellos las 24 horas? No se debe hipotecar la capacidad operativa de la policía sobre todo en una ciudad como Huesca donde los efectivos no son muy numerosos”, añaden.