La vacunación injustificada de alcaldes, consejeros autonómicos u otros cargos políticos está siendo la polémica más sonada. Y Aragón no ha sido para menos. El alcalde de Luesia (Zaragoza), Jaime Lacosta (PP) y el alcalde de Asín (Zaragoza, Rogelio Garcés (PSOE), han sido los dos hombres más señalados en las últimas horas.
Tras conocerse que habían sido vacunados contra el coronavirus por considerarse necesario por su vinculación estrecha con la residencia de ancianos, sus partidos políticos -PP y PSOE, respectivamente, han pedido a ambos la dimisión como alcaldes.
Lo cual se han negado por entender que cuentan con la razón y, aún más importante, con el visto bueno de los sanitarios del Centro de Salud de Ejea de los Caballeros, en base al protocolo del Gobierno aragonés. Sin embargo, lejos de dejar su puesto de alcaldes que ejercían desde hace años sin prestación económica, ambos municipios tienen menos de 300 habitantes, han decidido darse de baja de su partido por considerar un trato injusto de éstos hacia ellos.
El primer edil de Luesia, Jaime Lacosta, del PP, ha defendido este viernes que su vacunación contra el COVID-19 no se hizo por su condición de primer edil, sino por las labores altruistas que desarrolla en el patronato de la residencia Fundación Aruej, y ha dicho que se hizo siguiendo los protocolos establecidos por el centro de salud de la zona y porque sobraba una dosis.
Lacosta ha emitido un comunicado para explicar la situación en la que se produjo su vacunación, el pasado 13 de enero en las instalaciones de la propia residencia de este municipio de las Cinco Villas. El mismo día de la vacunación y el anterior, según cuenta, se dedicó a terminar de limpiar la nieve de la carretera y el acceso a la residencia con su tractor, debido al temporal Filomena, para que el equipo de vacunación pudiera acceder a la residencia y cumplir los plazos previstos.
Añade que su vacunación siguió los protocolos establecidos por el centro de salud de zona, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que incluía a los ancianos residentes, los trabajadores y, «en último término, en caso de que sobrasen viales, a las personas que por su contacto estrecho con la residencia pudieran ser objeto de vacunación para evitar riesgos».
El alcalde remite al centro de salud de Ejea de los Caballeros para obtener más información y considera «lamentable» la actuación del PP, que sólo le llamó para pedir su «dimisión fulminante», sin escucharle.
Algo que también ocurrió, agrega, en la vecina localidad de Asín, con 90 habitantes censados y una residencia de características parecidas, en la que además de al alcalde, el socialista Rogelio Garcés, se decidió vacunar al propio alguacil que también desarrolla estas labores. El PSOE ha anunciado que investigará lo sucedido aunque el propio alcalde ya se ha dado de baja de su partido.
El Ayuntamiento de Asín (Zaragoza) ha emitido un comunicado en el que asegura que la vacunación del alcalde, el socialista Rogelio Garcés, estaba programada dentro de la planificación presentada ante el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón.
E incluso, seis trabajadoras de la residencia Virgen del Campo de Asín (Zaragoza) han manifestado su respaldo y apoyo al alcalde socialista de la localidad, Rogelio Garcés, por haberse vacunado contra el COVID desde el convencimiento de que no fue un acto «ilegal o reprochable», sino «de responsabilidad y solidaridad».
Las seis auxiliares gerocultoras que firman el manifiesto aseguran, como testigos presenciales del acto, «que en ningún momento se valoró su vacunación como algo atribuible a su cargo de alcalde, sino como presidente del patronato que rige el centro».
Aseguran que Garcés es un «activo colaborador» en las tareas de la residencia, en las que está involucrado «prácticamente a diario» y apuntan que tiene «contacto directo y estrecho» con la plantilla y con los residentes.